Otro frente amenaza la coalición: la Ley de Vivienda. Podemos teme que el PSOE se eche atrás en algunos puntos, los más ambiciosos para los morados, de la ley. Según fuentes del partido, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "no oculta su preocupación ante la posibilidad de que su socio de Gobierno pueda echarse atrás ante un (...) duro informe del Consejo General del Poder Judicial".
Lo cierto es que Podemos considera que el informe del Poder Judicial es una nueva excusa para dilatar aún más la aprobación definitiva de la ley y su tramitación. "Desde el Ministerio recuerdan la situación excepcional de un CGPJ que tiene el mandato caducado desde hace tres años y que en este caso solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, no correspondiéndole en ningún caso evaluar la constitucionalidad de la norma", zanja el equipo de la ministra Ione Belarra.
Los morados recuerdan que el posicionamiento del CGJP "es preceptivo pero no vinculante". "Es decir, ha de ser solicitado por parte del Gobierno, que no tiene ninguna obligación legal de asumir el contenido del informe", recuerda el departamento de Belarra. En verdad, los morados creen que a quien hay que pedir explicaciones sobre por qué se tardó tanto en pedir el informe al Poder Judicial es al PSOE, a quien ven muy cercano a los lobby de la vivienda por haber dejado una vacatio legis de 18 meses.
Podemos lanza una ronda de contactos
"Ante esta situación, el Ministerio ha decidido iniciar una nueva ronda de contactos para mostrar a la sociedad española la urgencia de la Ley de Vivienda y el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional", zanja Podemos.
Por eso, la ministra Ione Belarra comenzará este martes una ronda de contactos que incluirá a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros. El CGPJ endureció su informe sobre el anteproyecto de Ley de la Vivienda. Y es que plantea serias dudas en relación a una de las leyes estrella del Gobierno no solo en lo que respecta al ámbito competencial (que sería de las comunidades autónomas y no del Estado), sino también en lo relativo a la propiedad privada.
Los vocales del Poder Judicial ya votaron en contra del primer informe al considerar que la norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es acorde con la atribución que la Constitución hace de esa materia a las comunidades autónomas. Podemos no ha hecho más que criticar los "retrasos injustificados" sobre la ley. Y es que la previsión que manejaba el Ejecutivo es que el anteproyecto, una vez obtenido el informe del Poder Judicial, se pudiera aprobar el próximo 18 de enero tras casi un año de intensa negociación entre los socios de coalición para acordar su redacción.
