La reivindicación del independentismo catalán de expulsar a la Policía Nacional de su Jefatura en la Vía Laietana, en el corazón de Barcelona, cobra una especial relevancia en un momento en que ERC negocia con el Gobierno la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sacar a los agentes de las instalaciones y reconvertirlas en un museo contra la tortura es uno de los puntos que están encima de la mesa. Y los miembros del cuerpo, inquietos por su futuro inmediato, piden que no se les saque de un enclave estratégico de la capital catalana. Ahora el Gobierno niega la mayor. Lo hace por escrito en una respuesta parlamentaria en la que descarta, al menos por el momento, que haya ningún acuerdo para el traspaso de la titularidad de la Jefatura.
La propuesta viene de lejos, pero va adquiriendo mayor trascendencia a medida que va pasando el tiempo y calando entre las filas del independentismo catalán. El primer movimiento que inquietó a los miembros de la Policía Nacional fue la moción aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, donde abogaba por sacar a los agentes y convertir el edificio en un centro memorial contra la represión: las instalaciones albergaron en el pasado las dependencias de VI Brigada Regional de Información Social y el separatismo lo ve como un ejemplo de la represión policial. Por eso quieren "resignificar" el espacio.
La votación salió adelante con el apoyo de las fuerzas separatistas del consistorio barcelonés. También con el de los comunes de Ada Colau y del PSC. Los sindicatos policiales no entendieron la postura de los socialistas y preguntaron al Ministerio del Interior y al Gobierno si la posición del PSOE era la misma que la de sus compañeros de Cataluña. La expulsión de los agentes, no obstante y pese a cualquier decisión municipal, la tendría que tomar el Gobierno, ya que el edificio es propiedad de la Administración General del Estado.
La reivindicación cobró más fuerza el pasado mes de mayo, cuando ERC y Junts per Catalunya firmaron el acuerdo de mínimos para la configuración del nuevo Govern catalán. Uno de los puntos del pacto hacía referencia a la expulsión de la Policía Nacional de Vía Laietana. Se convertía en uno de los objetivos principales de cara a la actual legislatura, bajo la presidencia de Pere Aragonès.
La Policía en la negociación
Y ahora esa reivindicación llega hasta la misma Moncloa. Como contó Vozpópuli, la agenda de ERC para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado -primero dudaron de su voto a favor y ahora piden una serie de cesiones para darles luz verde- incluían varios puntos destacados: desde el blindaje del catalán en la Ley Audiovisual hasta la aprobación de un fondo para mejorar las infraestructuras de Rodalies, el servicio de Cercanías de Cataluña. Y, por supuesto, sacar a la Policía Nacional de la Vía Laietana.
La polémica por la posible negociación en el traslado de la Jefatura Superior de la Policía a otro punto de Barcelona saltó hasta el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Vox remitió una batería de preguntas por escrito al Gobierno en la que interpelaba sobre el futuro de las dependencias y la posición de Moncloa en este asunto, en el contexto de las negociaciones de los PGE.
La respuesta escrita de Moncloa recuerda que la “titularidad del pleno dominio del edificio de la Jefatura Superior de Cataluña corresponde a la Administración General del Estado”. Con esa afirmación el Ejecutivo descarta que el independentismo pueda tomar una decisión unilateral sobre la Jefatura y que será el propio Gobierno el que tenga la última palabra ante un hipotético traslado de las dependencias policiales. Y, sobre esa opción, el Gobierno niega la mayor: “No existe ningún tipo de acuerdo para el traspaso de su titularidad”. Así, deja constancia por escrito de que en el diálogo con ERC no se ha llegado a ningún tipo de concierto sobre la expulsión de los agentes del corazón de Barcelona.
Los sindicatos policiales, por su parte, han señalado al Ejecutivo en varias ocasiones que las dependencias de la Vía Laietana son una infraestructura clave con la que articulan su presencia en Barcelona y Cataluña. También denuncian que en los últimos tiempos han sufrido varios episodios de acoso en las propias dependencias, especialmente en puntos críticos como la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 o la publicación de la sentencia a los líderes del procés.
