Hace algunas semanas se produjo una tormenta entre la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre por el pago de las facturas de la luz de la casa de la expresidenta. Aguirre explicó que el origen de las facturas impagadas era la caseta de los guardias civiles que custodiaban la vivienda. Ahora, tras estos roces, ha llegado la hora de renovar o denunciar el contrato que el Gobierno de Madrid tiene con el Ministerio del Interior.
La presidenta Cristina Cifuentes, y su consejero de Presidencia Ángel Garrido, no lo han dudado. Han renovado el convenio con la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la Comunidad. El coste de estos servicios de protección es de 4,1 millones de euros, similar al del año pasado. Al no tener policía autonómica, algo que nunca se ha planteado Madrid, el Gobierno regional recurre a las fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar su protección.
Los doscientos guardias civiles son visibles en todos los edificios del Gobierno regional, especialmente en la Puerta del Sol y las consejerías
El Gobierno se propone ser más cuidadoso que en el pasado, cuando el Ministerio del Interior mandó a casa de Esperanza Aguirre a guardias civiles de plantilla y no en la reserva, como especifica el convenio. También está prohibido que vigilen a personas. Solo custodiarán edificios públicos. Para las personas, la Comunidad de Madrid ha renovado el convenio con la Policía Nacional. Se ocuparán de la vigilancia y protección de los consejeros y presidenta.
Un comisario manda la llamada Unidad de Cooperación de la Policía Nacional. Está compuesta por un total de 60 agentes, a los que hay que añadir 17 personas más entre inspectores jefes, inspectores, subinspectores y oficiales. Los doscientos guardias civiles son visibles en todos los edificios del Gobierno regional, especialmente en la Puerta del Sol y consejerías. Las dos partes Comunidad e Interior, salvo por el incidente por el tema de la vigilancia de Esperanza Aguirre, están satisfechas por este convenio.
