Crece la lista de agentes imputados por las cargas policiales del 1-O: ya van 37. A 613 kilómetros de la Sala del Tribunal Supremo en la que se juzga a los líderes independentistas, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, se investiga la actuación de los agentes de la Policía Nacional durante el 1 de octubre de 2017. Allí han sido citados, para el próximo 15 y 22 de marzo, un inspector y dos subinspectores a cargo del dispositivo en la escuela Estel de Barcelona. Todos en calidad de investigados.
Los tres policías nacionales han sido imputados tras la decisión de la Audiencia de Barcelona de reabrir la causa después de que el juez archivara la investigación y la resolución fuese recurrida por la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de la ciudad condal.
En aquel momento, el consistorio argumentó que la imposibilidad de identificar a los agentes actuantes por la falta de grabaciones en vídeo o de fotografías no era motivo suficiente para archivar la investigación. Finalmente, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso "para averiguar las concretas órdenes que fueron emitidas por los responsables del operativo".
¿Fue proporcionado el uso de la fuerza?
Se pretende ahora que con la investigación a los responsables del dispositivo policial se pueda evaluar si el uso de la fuerza empleado aquel día, así como las órdenes dadas por los altos mando, se ajustaron o no a la situación. Tras dicho análisis, los magistrados esperan que se pueda concluir si a los investigados se les pueden imputar las lesiones denunciadas.
El mismo 15 de marzo declararán como investigados los tres agentes de la Policía Nacional, cuyas declaraciones fueron aplazadas en el pasado, que actuaron en las escuelas Dolors Monserdà, Pau Claris y Mediterrània de Barcelona.
Durante las sesiones en el Tribunal Supremo, han sido varios los altos mandos que han negado las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal. El pasado 28 de febrero, el que fuera ministro del Interior durante el 1-O, Juan Ignacio Zoido, defendió la actuación policial de aquel día. Lo describió como una actuación "proporcionada". "Yo lo de exceso no lo comparto, fue una actuación proporcionada", insistió ante las preguntas de la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn.
Un día antes, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría vetó el término "cargas policiales" durante su declaración como testigo en el juicio del procés y explicó que prefería decir "actuaciones policiales bajo orden judicial". Otros testigos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, relataron la existencia de "cargas policiales brutales" durante la celebración del referéndum.
