Cuatro décadas han pasado desde que se instauró la democracia en este país. Cuatro décadas en las que no se ha llegado a tomar la decisión de aplicar el artículo de la Constitución Española que ahora se le atraganta a Rajoy, el 155. En este apartado de la Carta Magna se establece su posible utilización en el caso de que una comunidad autónoma no cumpla con la misma o atente gravemente contra el interés general de España. En la actual crisis catalana, si finalmente se aplica el 155 a la Generalitat no se suspendería la autonomía, sino que se le retirarían sus funciones.
La aplicación de este artículo está dividiendo a las formaciones políticas respecto a la necesidad de la intervención del Estado en el Govern y la obtención de sus competencias apartando del mismo a Junts pel Sí. Para la puesta en marcha del artículo, Mariano Rajoy debería obtener la aprobación de una mayoría absoluta en el Senado. Desde el Gobierno ya han explicado que no se recurrirá a esta herramienta a menos que el Govern declare de forma unilateral la independencia. ¿Quiénes quieren que Rajoy aplique esta resolución?
La división de posturas en relación a esta medida es la que protagoniza el PSOE. El líder de los socialistas aboga por el diálogo, opción que ha reiterado en varias ocasiones y que respaldan miembros del partido como Patxi López (secretario de Política Federal del PSOE), Margarita Robles (Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados), Francina Armengol (presidenta del Gobierno de las Islas Baleares), Óscar Puente (alcalde de Valladolid), Odón Elorza (diputado por Guipúzcoa), Núria Parlon (alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet) o Núria Marín (alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat).
En el lado contrario hay un sector de la formación en la que se encuentran importantes barones regionales como Javier Fernández (presidente del Principado de Asturias), Susana Díaz (presidenta de la Junta de Andalucía), Guillermo Fernández Vara (secretario general en Extremadura), Javier Lambán (secretario general en Aragón) o Emiliano García-Page (secretario general en Castilla-La Mancha). Estos consideran que Sánchez tiene que posicionarse y debería apoyar el 155. Junto a estos se sitúan miembros históricos del PSOE como Alfonso Guerra o Felipe González. Guerra aseveró que fue un error la decisión de los socialistas por reprobar a Sáenz de Santamaría y no a los "golpistas", además de afirmar que el partido tiene que votar a favor del artículo. Por su parte, el expresidente González ya lanzó un dardo a la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ante la crisis catalana e insinuó, este mismo sábado desde Berlín, que él hubiera aplicado el artículo 155 para frenar el referéndum.
Los intentos de Rivera para empujar a Rajoy a la aplicación del 155 se repiten; Podemos pidió que buscasen un mediador
A los que están a favor de la aplicación del artículo 155 se unen los miembros de Ciudadanos. Inés Arrimadas ya se posicionó entre los políticos que piden este mecanismo. Asimismo, los intentos de Albert Rivera para empujar a Rajoy al uso del 155 se han repetido en varias ocasiones. Este viernes, el líder de la formación naranja pidió a La Moncloa un encuentro con el presidente del Gobierno para, como han afirmado fuentes del partido, pedirle que actúe y ponga en marcha el artículo mencionado.
Sin embargo, hay quienes no considera la aplicación de esta medida la mejor opción. Además de los miembros del PSOE nombrados, Podemos pidió el pasado miércoles a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont que buscasen un mediador para tratar la crisis catalana. Pablo Iglesias afirmó que había conversado con ambos dirigentes y que ninguno le negó esta opción. Sin embargo, la respuesta del presidente del Gobierno fue que "lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la DUI".
¿Qué quiere el sector independentista?
El sector independentista se reparte entre quienes quieren una DUI inminente y quienes no ponen fecha. Carles Puigdemont declaró que el próximo lunes 9 de octubre acudiría al Parlament para hacer una declaración. Esta fue tumbada por el Tribunal Constitucional, pero el president ha pedido declarar un día después, el martes 10 de octubre, sin hacer ninguna alusión a la independencia de Cataluña.
Tras este hecho, la postura más rígida es la de la CUP, que pide que el Parlament declare la independencia el mismo martes y empiece a aplicar la ley de transitoriedad jurídica sin más dilaciones. "Es ineludible e inaplazable", han asegurado.
Además de esta, tanto ERC como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural piden la independencia para cumplir con lo prometido. No obstante, no quieren decir una fecha estricta.
No obstante, hay una última declaración que ha roto los esquemas de los secesionistas. El expresident de la Generalitat Artur Mas, que fue inhabilitado por dos años de su cargo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delito de desobediencia por la llamada a la consulta del 9-N, fue entrevistado por el diario británico 'Financial Times' el pasado viernes. Mas señaló que, aunque Cataluña se ha ganado ser un Estado independiente, no está preparada "para la independencia real".
Tras estas declaraciones, Mas matizó el enfoque del 'Financial' asegurando que, entre que se proclama la independencia y se consigue un Estado realmente independiente "hay que tomar decisiones". Sin embargo, sus palabras ya activaron algunas alarmas.
La opinión de los ciudadanos, por su parte, se fragmenta entre los que piden "prisión para Puigdemont" y la aplicación inmediata del 155 y lo que, como se mostró este sábado, levantaban las manos y banderas pintadas de blanco para reclamar diálogo. La cuenta atrás de Rajoy se vuelve contrarreloj.
