Pese a las múltiples presiones que está recibiendo, el Gobierno se va a resistir a aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, la Ley de Seguridad nacional o cualquier otro mecanismo legal, hasta ver qué pasa en el pleno del martes en el Parlament porque cree que Carles Puigdemont no podrá anunciar la independencia de Cataluña, seguidamente la CUP le retirará el apoyo y su única salida será convocar elecciones.
Llegados a este punto, La Moncloa ve el adelanto electoral como única opción pase lo que pase: con Puigdemont al frente de la Generalitat porque haya rectificado o con una Generalitat intervenida el martes por la noche tras la DUI. Nadie entendería, en este segundo caso, que la labor de ese gobierno provisional tutelado desde Madrid fuera más allá de convocar unas elecciones para dar salida a esta difícil encrucijada.
Dicho lo cual, ambos escenarios parecen iguales pero políticamente no lo son. Ni mucho menos. En el primero, si Puigdemont reconoce su impotencia el martes, desataría las iras de un independentismo frustrado contra un PDCat en causa de disolución y sin candidato -él ya ha anunciado que no repetirá-; y el segundo escenario, la intervención de Madrid, daría aire a PDCat, ERC y la CUP, que irían a esos comicios como favoritos para la victoria con su relato victimista contra el Estado opresor reforzado.
Las palabras de Artur Mas diciendo que Cataluña no está preparada para "la independencia real" hacen concebir esperanza al Gobierno de que no todo está perdido
De ahí que Mariano Rajoy prefiera aferrarse en las últimas horas a las palabras de Artur Más, quien no ve a Cataluña preparada para "la independencia real", y a las del consejero de la Generalitat Santi Vila, pidiendo directamente a su jefe que el martes renuncia a la DUI. Todo con tal de no aplicar el 155 o cualesquieras otras medidas de excepción.
El presidente del Gobierno quiere creer que algo está cambiando dentro del PDCat -pese a las presiones de ERC y la CUP- y ha decidido volver a considerar interlocutor a Carles Puigdemont, a quien el Rey consideró "desleal" en su discurso a la Nación del pasado pasado martes y el propio Gobierno había "deslegitimado democráticamente"; Hasta la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había llegado a decir el miércoles por la noche en réplica al discurso del presidente de la Generalitat que "es un dirigente contra la ley, contra las instituciones y contra Europa".
Y es que, temeroso como está de "dar pasos que no tienen vuelta atrás", según dijo este viernes el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en referencia al artículo 155, Rajoy quiere que el tiempo le haga el trabajo sucio en los tres días que restan hasta el pleno histórico del Parlament: que un Puigdemont asfixiado económicamente y acorralado por la marcha masiva de empresas y bancos, con más de media población en contra de la independencia, recapacite motu proprio o porque le obligue su partido.
El círculo del presidente del Gobierno admite que a la antigua Convergencia le está siendo muy difícil virar, dada la situación altamente emocional, la crispación y las imágenes prerrevolucionarias que se han vivido desde el domingo, pero La Moncloa confía en que los convergentes más sensatos se bajen a última hora del barco independentista "que va rumbo a la catástrofe", aseguran diversas fuentes a Vozpópuli. Y que la amenaza de un Santi Vila de no votar la DUI, o de un Germá Gordó, obligue a Puigdemont a pactar internamente la alternativa electoral.
No en vano, las bases del PDCat, clases medias en su mayor parte, están todavía en shock por el impacto de la marcha de símbolos tales que La Caixa o Banco Sabadell, y la anunciada de Freixenet o Catalana Occidente, amén de decenas de empresas que constituyen el tejido económico del bienestar catalán desde hace decenios.
