El exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas (Gürtel); el empresario José Faya (caso Arístegui); y el inspector Rubén Eladio López (caso Villarejo) tienen algo en común. Son los denunciantes de tres de los principales casos de corrupción de España. Pero también tienen en común que los tres han sufrido las consecuencias, en mayor o menor medida, de hacer públicas las presuntas actuaciones corruptas de personajes de gran influencia en la política española.
Peñas, que grabó durante años a Francisco Correa, dio inicio a una causa que ha al final ha acabado con el Gobierno de Mariano Rajoy, fue condenado a 4 años y 9 meses de cárcel. Por su parte, José Faya está imputado en el 'caso Arístegui' que denunció, mientras que el inspector Rubén Eladio López, que fue imputado en el 'caso del Pequeño Nicolás' fue objeto de un expediente de la Policía, por lo que sigue apartado de sus labores policiales.
Un patrón de conducta, la del castigo de las denuncias de corrupción, que con el rastreo de las filtraciones a periodistas podría volver a repetirse en el denominado 'caso Cursach', que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, en el que se investiga una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer a los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.
La investigación de las filtraciones, que dieron lugar a informaciones periodísticas cuyas fuentes rastrea ahora la Justicia de Islas Baleares, tienen su origen en sendas querellas de Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, por la publicación en junio de un informe policial que atribuía al grupo empresarial un fraude fiscal de decenas de millones de euros, algo que la Agencia Tributaria ha desmentido en otro informe, según informa Efe.
Y con este rastreo, Cursach pretende 'cazar' y 'castigar' a las personas que habrían suministrado la información que le perjudica, y que no quiere que trascienda a la opinión pública.
El juez Miguel Florit
Y en plena investigación de la causa la Policía, cumpliendo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y del nuevo instructor del 'caso Cursach', Miguel Florit, ha requisado los teléfonos móviles de los periodistas de la agencia Europa Press y del Diario de Mallorca que publicaron la información.
En concreto, fue la Policía Judicial la que requirió el pasado martes al periodista de 'Diario de Mallorca' José Francisco Mestre la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo. El mismo día una comisión judicial se incautó del móvil, ordenadores y otro material de trabajo a la periodista de Europa Press, Blanca Pou, en la delegación de la agencia en Palma de Mallorca.
De seguir adelante la investigación, podría resultar imputados, además de los periodistas, las personas que hubieran filtrado la información a los medios de comunicación, que han actuado conforme al artículo 20 de la Constitución española, que en su apartado 'd' protege el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
Prostitutas y cocaína
En la actividades presuntamente ilegales destapadas en la macrocausa denominada 'Caso Cursach' habrían participado, presuntamente, políticos como el ex delegado del Gobierno y exconseller de Interior José María Rodríguez, y el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento de Palma y hoy diputado sin partido Álvaro Gijón. Ambos están apartados del PP. El sumario constata que estos expolíticos habrían protegido los intereses económicos de Cursach.
Pero además, en torno a este polémico empresario del ocio nocturno hay episodios de agresiones e intimidación a testigos protegidos por parte de empleados del grupo empresarial, algunos de ellos juzgados y condenados pero también absueltos en otros casos, según informa Efe.
Varios de estos testigos supuestamente anónimos, cuyas identidades han corrido de boca en boca, han relatado en el juzgado que el magnate compensaba con fiestas con prostitutas, champán y cocaína a policías y políticos que favorecían sus negocios.
Juez apartado
El juez Florit no fue el que inició la causa, sino que sustituyó al anterior instructor, Manuel Penalva, que fue apartado tras reclamarlo dos investigadores, que lograron su objetivo de desplazar al juez, al que se acusó de "pérdida de apariencia de imparcialidad".
Penalva había sido objeto de presiones, como por ejemplo manifestaciones a la puerta de su juzgado en las que cientos de personas, muchos de ellos empleados de Cursach, encabezadas por un letrado personado en la causa, le acusaban de corrupto tanto a él como al fiscal Miguel Ángel Subirán. Ambos fueron objeto de querellas por supuesta animadversión contra Cursach y policías investigados.
El propio empresario, que salió de la cárcel el pasado abril tras 13 meses en prisión preventiva, por lo que tuvo que abonar 1 millón de euros, fue juzgado y condenado en junio pasado a 8 meses de cárcel por tener una escopeta bajo la cama sin contar con licencia de armas.
Apoyo de Segarra
La decisión del juez Florit y de Anticorrupción de requisar los teléfonos móviles, que ha contado con el apoyo expreso de la fiscal general del Estado, María José Segarra, si genera dudas. Por ejemplo, el fiscal superior de Islas Baleares, Bartomeu Barceló, advirtió de que requisar móviles y ordenadores de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca podía ser "delicado" si afectaba al secreto profesional.
Sin embargo, Anticorrupción le indicó que lo había estudiado "profundamente" y había llegado a la conclusión de que no lo vulneraba. La Fiscalía Anticorrupción también confirmó que su máximo responsable, Alejandro Luzón, abordó este tema con el fiscal delegado de Anticorrupción en Islas Baleares Joan Carrau y apoyó su decisión.
Editora Balear, propiedad de Diario de Mallorca, la agencia Europa Press, y los dos periodistas a los que el juez Miguel Florit ordenó incautar material de trabajo, presentaron la semana pasada una querella contra este magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares como presunto autor de los delitos de "prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción".
