El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso 'Lezo', Manuel García-Castellón, ha ordenado a la empresa Aguas de Valencia SA que identifique "plenamente" a un miembro de su consejo de administración que realizó una propuesta para comprar la empresa Inassa, pero que al final de la operación retiró la oferta para la adquisición de la firma colombiana, según consta en una providencia de 6 de septiembre, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
En la actualidad, el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo de Gobierno en la Comunidad de Madrid están imputados por la presunta compra fraudulenta en 2001 por parte del Canal de Isabel II de Inassa, en la que se habrían utilizado una empresa interpuesta radicada en Panamá.
Y con esta providencia de 6 de septiembre, el magistrado trata de determinar los motivos por los que Aguas de Valencia se retiró de la puja por Inassa, dejando libre la operación para la empresa del agua de la Comunidad de Madrid.
Identificación plena
Por eso, el instructor requiere a la empresa valenciana para que identifique "plenamente (identidad y domicilio) del miembro del consejo de dicha empresa que se desplazó a Valencia, así como de cualquier otra persona vinculada a la empresa que tuviera participación de esta licitación", según consta en la resolución judicial.
Además, García-Castellón reclama a la sociedad valenciana que detalle el motivo por el que Aguas de Valencia contrató a los despachos Gómez Pinzón y Melchor, Albiñana & Suárez, al mismo tiempo que le pude que aporte, en su caso, toda la información que hubieran obtenido sobre la licitación bajo sospecha.
Despachos asesores
Vozpópuli ha tratado de obtener la versión de los hechos de Aguas de Valencia, que no ha contestado a las preguntas de este diario sobre la oferta presentada por este firma para la adquisición de Inassa.
Esta es la segunda ocasión en la que el juez del caso 'Lezo' se dirige a Aguas de Valencia para reclamar información sobre sus operaciones relacionadas con la red corrupta. El 18 de julio el instructor acordó requerir al representante legal de Aguas de Valencia para que aportara toda la documentación que esta tuviera sobre un proceso de licitación.
Y ahí ya solicitaba que se le informara sobre si Aguas de Valencia había contratado un asesoramiento externo: "Detallando qué tipo de asesoramiento, el alcance del mismo y las personas (físicas o jurídicas) que lo prestaron", según consta en la providencia de 18 de julio pasado.
Traducción del contrato
También en esta resolución el juez ya reclamó, ahora se sabe que sin éxito, que Aguas de Valencia identificara de forma completa a la persona o personas que se encargaron de este proceso de licitación, con la intención de acordar su declaración judicial como testigo.
En la misma providencia, de 6 de septiembre, el juez ordena la traducción de un contrato aportado por el Canal de Isabel II de la compra en 2013 de la sociedad brasileña Emissao, por la que la trama encabezada por Ignacio González habría ingresado hasta 1,4 millones de euros en negro desde Suiza.
