El bloqueo político mantiene congelada la siempre polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró el pasado mes de diciembre. Desde entonces, el órgano que preside Carlos Lesmes sigue ejerciendo en funciones a la espera de que los partidos políticos cierren un acuerdo para que el Congreso y el Senado puedan designar a 12 de sus 20 vocales.
La actual composición responde a una aritmética bipartidista propia de 2013, cuando PP y PSOE tenían muchos más escaños que los actuales. Pero la fragmentación del panorama político no es el único escollo con los que se encuentra una renovación sobre la que pesa la posible repetición de elecciones y que quedó bloqueada tras la renuncia del magistrado Manuel Marchena por la filtración de un mensaje de whatsapp de Ignacio Cosidó donde celebraba el reparto alcanzado entre PP y PSOE.
La designación de los vocales no será para nada sencilla haya o no nuevos comicios, pues requiere una mayoría reforzada de tres quintos de las Cámaras.
De hecho, el pacto generó malestar por lo patente que dejaba la politización del órgano, ya que son los vocales en Pleno los que deben elegir a su presidente.
El PP registró una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para retornar al sistema de elección de vocales que estuvo vigente entre 1980 y 1985, hasta que el Gobierno socialista de Felipe González cambió la LOPJ para dotar del poder de nombramiento a las Cámaras. La idea es en aras de una mayor democracia. El propio Tribunal Constitucional avaló en una sentencia de 19986 que las Cortes que emanan del pueblo puedan elegir a los miembros del gobierno de otro poder.
