El proceso ha muerto. Vía libre a la república independiente de Cataluña. En términos similares se mostró este lunes el diputado de la CUP, Benet Salellas, en la presentación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, la norma que regirá los destinos de esa comunidad si el 'sí' se impone en el referéndum del 1-0. Será una especie de 'carta magna" provisional, de 89 artículos, a la espera de que unas elecciones designen un parlamento que elabore la nueva Constitución, luego de un 'proceso participativo' en el que tomarán parte representantes de sectores sociales. No se dice ni cómo ni cuando se llevarán a cabo estos pasos aunque se piensa que dentro de un año todo el procedimiento habrá quedado concluido.
Se ha especificado, eso sí, que la nueva ley entrará en vigor el 2-0. En ese momento, la administración catalana tomará el relevo de la administración del Estado y se hará cargo tanto de instituciones como de dependencias, instancias oficiales y hasta de las responsabilidades de la Seguridad Social, para mayor tranquilidad de la población.
"Cataluña se constituye como una República de derecho, democrática y social", señala el primer artículo de esta proposición de ley, que menciona que "los artículos de las leyes orgánicas, del Estatuto de Autonomía y de la Constitución española que estaban vigentes hasta ahora pasan a tener rango de ley ordinaria siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el nuevo marco legal".
-La nacionalidad catalana la podrán obtener automáticamente todos los nacionales españoles empadronados en la región desde diciembre de 2016. Los extranjeros deberán aguardar cinco años para lograrlo.
-El catalán será la lengua oficial, en tanto que el español y el aranés serán lenguas cooficiales.
-El presidente de la Generalitat será el jefe del Estado en tanto que la administración será única, es decir, que el Gobierno catalán asumirá la administración general del Estado en Cataluña así como todas las competencias que tengan asumidas las corporaciones locales.
-Se respetará el derecho internacional, así como el de la Unión Europea y los tratados hasta ahora vigentes.
-La administración catalana asumirá a los servidores públicos, es decir, todos los funcionarios pasarán a depender de la administración catalana aunque se da la opción de elegir. Quien no quiera incorporarse al nuevo marco, perderá su condición de empleado público.
El nuevo orden judicial
-El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en el Tribunal Supremo catalán. El fiscal jefe de la demarcación no sería designado por el Gobierno sino por el Parlamento. La cúspide de la judicatura residiría en una Sala de Gobierno del Supremo, integrada por jueces, y una comisión mixta en la que tomarían parte cargos políticos del departamento de Justicia. Una Sala Superior de Garantías actuaría a modo de Tribunal Constitucional.
-La norma establece una amnistía para todos aquellos condenados por delitos relacionados con el proceso de independencia.
-No se especifica el tipo de seguridad 'nacional' de la nueva república, pero las Fuerzas Armadas españolas serán obligadas a retirarse y los Mossos garantizarán el control efectivo del territorio mediante la asunción total por parte de la Generalitat de la autoridad tributaria, aduanera y catastral. La Generalitat se haría cargo, de esta forma, del control de las fronteras, aguas marítimas, subsuelo y espacio aéreo.
-Nada se dice de la deuda catalana, que roza los 70.000 millones de euros. "Sin negociación con el Estado no hay asunción de deuda", dijeron los diputados que presentaron la proposición.
