España y Francia forman parte del espacio Schengen por lo que, en teoría, los controles en las fronteras interiores entre ambos países estarían suprimidos para ser trasladados solo a las fronteras exteriores con países terceros.
Sin embargo, desde los atentados terroristas perpetrados en noviembre de 2015 en París, el Gobierno de Macron se amparó en un artículo del tratado y realiza controles fronterizos interiores por razones de "seguridad nacional".
Según han denunciado diversas ONGs, y algunos gobiernos como el del italiano Luigi di Maio, las autoridades galas se estarían valiendo de estas inspecciones para otro fin más allá que para combatir el terrorismo: el de devolver inmigrantes irregulares a los países vecinos desde los que pretenden acceder.
Las autoridades galas se estarían valiendo de las inspecciones "por seguridad nacional" para devolver inmigrantes irregulares, según algunas ONG
En el caso de la frontera con España, Macron se sirve de un acuerdo bilateral firmado en 2002 por el cual puede denegar admisiones en las cuatro horas siguientes al paso de la frontera si las personas procedentes de España que pisan su territorio no tienen la documentación necesaria.
Hasta el año pasado, según organizaciones que trabajan en la zona, estas devoluciones solo se hacían de manera puntual y pocas veces sin cumplir con los trámites que se requieren, como el de formalizar por escrito la expulsión.
Ahora, tras la aprobación de su polémica ley de asilo y el endurecimiento de la política migratoria por parte de Francia, estas devoluciones se estarían produciendo de forma sistemática y, en ocasiones, fuera del marco del acuerdo bilateral.
Cambio de patrón
"No tenemos constancia de que haya instrucciones directas por parte de las autoridades francesas, pero sí hemos detectado un cambio de patrón en la frontera norte", reconoce María Segurado, responsable de la red jurídica de Migración de Cáritas Española.
"Teóricamente no hay controles internos y cuando los hubo fue en la mal llamada crisis migratoria. Ahora, ese control se está aplicando y varias personas que han pasado de España a Francia han sido devueltas en virtud del tratado bilateral de readmisión de inmigrantes en situación irregular", explica.
Pero para que ese acuerdo se aplique, continúa Segurado, tienen que darse una serie de condiciones que, según el testimonio de sus compañeros de la frontera, no se estarían cumpliendo. "Alguien puede entrar por Tarifa y solicitar el asilo en Francia o Alemania. Sin embargo los países europeos del norte mantienen tensión con los del sur porque son los que controlan las fronteras. Es insolidaridad porque evidentemente las personas van a entrar por Turquía, Malta, Italia, Grecia o España", señala.
De hecho, España acaparó el 50% de las llegadas de inmigrantes en situación irregular por mar de toda la UE el año pasado y, según apunta un informe de la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), seguirá siendo la principal puerta de entrada en 2019.
Delito de solidaridad
Por otro lado, Segurado añade que él giro de Macron también afecta a las personas que tratan de ayudar a los migrantes dándoles comida o facilitándoles transporte. "Se están criminalizando con causas penales a quienes les ayudan. Esto es muy grave. Es el llamado delito de solidaridad y se suele aplicar en los puntos calientes de las fronteras con España, Italia y Francia", apunta.
Si bien esto a servido al Gobierno italiano como munición contra Macron, a quien no dudan en tachar de "hipócrita", en el caso del Gobierno español prefieren no hacer saltar las alarmas y llamar a la solidaridad y repartición de responsabilidades.
El Gobierno italiano tacha a Macron de "hipócrita", mientras que el Ejecutivo español prefiere no hacer saltar las alarmas y llamar a la repartición de responsabilidades
Aunque las ONG denuncian un aumento en los casos en los que la policía francesa se salta los trámites legales para devolver inmigrantes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce que se producen devoluciones al margen del acuerdo de 2002, pero las califica de "absolutamente puntuales" y garantiza que "serán corregidas".
El Gobierno de Pedro Sánchez, con apoyo de Macron, se estrenó rompiendo esquemas en pleno debate migratorio en la UE cuando decidió acoger el Aquarius. Ocho meses después, está impidiendo que zarpe del 'Open Arms'.
El 'giro' de Sánchez
Según denuncian los sindicatos de Salvamento Marítimo (Sasemar), el Ejecutivo quiere embarcar a la Guardia Civil en el buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor'. Es decir, Sánchez, también ha experimentado un giro en su política migratoria solo que su discurso sigue pretendiendo rebajar tensiones.
"El discurso de España no es alarmista y esto hay que valorarlo positivamente", considera la responsable de la red jurídica de Migración de Cáritas Española. "Sin embargo, en lo que respecta a las fronteras exteriores, en la práctica sigue habiendo dureza. Se trata de evitar que entren, pero la gente sigue ahogándose", recuerda.
En cambio, Segurado destaca que sí se está trabajando en un plan estratégico para mejorar las condiciones y la integración de los migrantes que ya están en España, aunque advierte que este plan requiere de recursos para poder llevarse a cabo.
"Por otro lado en España también hay falta de solidaridad territorial por parte de las comunidades autónomas. Todos tenemos responsabilidades y los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) no tienen porque estar concentrados en Melilla o Andalucía", zanja.
