El Consejo de Ministros ha decidido este viernes acudir al Tribunal Constitucional para defender el derecho del Gobierno a vetar cualquier iniciativa legislativa del Congreso cuyo desarrollo afecte al Presupuesto en vigor. El Ejecutivo ha encargado a la Abogacía del Estado la presentación de un conflicto de atribuciones ante el TC para que este órgano medie en la disputa que Moncloa mantiene con el Parlamento a cuenta del asunto. El Gabinete de Mariano Rajoy considera que puede paralizar cualquier proposición de ley que altere las previsiones de gastos o ingresos, mientras los partidos de la oposición con representación en la Mesa del Congreso (PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) defienden que pueden levantar esos vetos si los creen injustificados.
Estas tres formaciones han tumbado ya dos vetos del Gobierno a sendas iniciativas socialistas para frenar la aplicación de la LOMCE y revertir parte de la reforma laboral. El Congreso las tomó en consideración y las está tramitando pese a que Moncloa mostró su rechazo, una decisión que el Gobierno entiende fuera del marco legal y recurre ahora al Constitucional.
"Se trata de controlar y de asegurar el derecho que tiene el Gobierno, cualquier Gobierno de oponerse a cualquier iniciativa legislativa que implique" alteraciones presupuestarias, ha defendido el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. "No se trata de entrar en el fondo de la cuestión", ha abundado, puesto que en el caso de la LOMCE hay un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición para buscar un pacto nacional que supere dicha ley. Moncloa quiere que "los derechos constitucionales del Gobierno" sean "salvaguardados" porque es algo que "forma parte de las reglas del juego parlamentario".
No hay plazos para que el tribunal se pronuncie sobre esta maniobra, que persigue dejar en manos del Ejecutivo la última palabra sobre las denominadas ‘leyes de la oposición’. De salirse con la suya, ninguna norma podría ver la luz si no cuenta con el visto bueno de Rajoy, pese a que PSOE y Ciudadanos se mostraron convencidos al inicio de la legislatura de que el Parlamento podría legislar al margen del Gobierno o incluso contra el criterio de éste.
La Constitución reconoce el derecho al veto de Moncloa siempre que acredite debidamente de qué manera afectaría a las partidas de gastos o ingresos prevista la aprobación de las iniciativas rechazadas. En lo que va de legislatura, Rajoy ha hecho uso de esta prerrogativa hasta en 17 ocasiones, reclamando la paralización de proposiciones que buscaban forzar una mayor subida de las pensiones, suprimir tasas judiciales para pymes y ONG’s o rebajar el denominado IVA cultural. Hasta ahora, la Mesa solo le ha enmendado la plana en los citados casos de la LOMCE y la reforma laboral.
