El mercado del alquiler de vivienda se enfrenta al mismo hundimiento que el resto de la economía por la crisis del coronavirus. El Gobierno se ha desentendido de arrendatarios y arrendadores, a pesar de que la tasa de morosidad por los impagos del alquiler va dispararse igual o más que en el caso de las hipotecas.
La carga de la respuesta a este problema recaerá íntegramente en los ayuntamientos, especialmente los de las grandes ciudades. Los alquileres han quedado fuera del plan de ayuda económico del Consejo de Ministros. Y no habrá una moratoria como la aprobada para los deudores hipotecarios afectados por el frenazo económico del coronavirus.
El 17% de los hogares
Unos 3,25 millones de hogares españoles viven en alquiler, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los hogares en alquiler suponen más del 17% del total en nuestro país, su máximo histórico. El mercado del alquiler ha crecido un 35% desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace más de una década. En 2008, los hogares en alquiler apenas superaban los 2,4 millones.
El gasto en el pago de arrendamientos alcanzó los 20.893 millones de euros en 2018. Fuentes del Ejecutivo estiman que más del 90% del mercado del alquiler está en manos privadas. Es decir, son personas y no bancos los principales proveedores de viviendas en alquiler.
A las entidades financieras, principales tenedores de deuda hipotecaria, se les presupone la capacidad de aguantar una moratoria temporal. No ocurre lo mismo con los arrendadores privados. Una moratoria puede destrozar su economía doméstica. Esta razón, según estas fuentes, es la que ha llevado al Gobierno a dejar las ayudas al alquiler fuera del decreto de emergencia económica del pasado martes.
Las dos crisis del alquiler
Pero ante la avalancha de despidos y ERTEs por la paralización del país, la afectación al mercado del alquiler va a ser doble. Por un lado, hay arrendatarios que no van a poder pagar sus cuotas mensuales. Y, por otro, muchos arrendadores se van a ver privados de unos ingresos con los que probablemente cuentan para el sustento familiar o, por ejemplo, pagar una segunda hipoteca.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la solidaridad y la comprensión de las personas y las empresas durante esta crisis. Pero más allá de la buena voluntad o no de perdonar o bajar el precio del alquiler, son los Ayuntamientos los que van a soportar el grueso de los impagos y las situaciones que se deriven de los mismos.
El Consejo de Ministros aprobó una flexibilización de la regla de gasto para que los entidades municipales dispongan de 300 millones de euros. Ese dinero irá destinado a reforzar partidas de atención a dependencia, servicios sociales y problemas de índole social asociados a esta crisis. El Gobierno confía en que ese dinero sirva, entre otras cosas, para paliar las consecuencias de la crisis en el mercado del alquiler.
Sánchez anunció poco antes de decretar el estado de alarma su intención de prohibir los desahucios por el impago del alquiler. El Ejecutivo dijo que lo haría en una reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos.
