El Gobierno ha reconocido un atasco de más de 32.000 títulos extranjeros de Educación Superior a títulos oficiales universitarios españoles. Así se recoge en una respuesta escrita a una pregunta registrada en el Congreso por la diputada de Ciudadanos Marta Martín.
El Ejecutivo acepta demoras de entre seis meses y un año y medio en la resolución de un elevado volumen de expedientes de homologación de títulos extranjeros de Educación Superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España.
Los retrasos también afectan a expedientes de equivalencia de título extranjero a nivel académico de Grado o Máster universitarios oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.
En total, hay 32.008 expedientes no dictaminados desde 2015 y el tapón de 12.246 de ellos se debe "a causas imputables a la Subdirección General de Títulos del Ministerio de Universidades y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)", según plasma el Gobierno en la respuesta, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Un 76,26% de los títulos pendientes de homologación y equivalencia por culpa de Universidades y la ANECA, entidad encargada de emitir los dictámenes con base en los cuales se resuelven los expedientes, llevan una demora de entre seis meses y un año y medio.
El 17,25% de los expedientes llevan un retraso de entre año y medio y dos años y medio. Un 4,20% de los documentos están tardando entre dos años y medio y tres años y medio. Y los hay con una demora que supera los tres años y medio (0,65%). Solo el 0,31% de los expedientes que no se han tramitado llevan un retraso inferior a los seis meses.
El Defensor del Pueblo se pronunció al respecto el pasado 11 de febrero a través de un recordatorio de deber legal: "Procurar que en la tramitación de los procedimientos que se regulan por el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se dé cumplimiento al principio de celeridad al que se refiere el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impulsando de oficio todos sus trámites".
En la respuesta escrita registra en el congreso, el Gobierno asegura que es "conocedor" de la resolución de recordatorio de deberes legales emitida por el citado organismo ante las quejas de los afectados.
"Cabe informar que para determinar las actuaciones más rentables a corto, medio y largo plazo se realizó un estudio cuantitativo del estado del procedimiento en el primer trimestre de 2019 y un rediseño completo del flujo de tramitación y diseño de alto nivel de una nueva aplicación informática en la primera mitad de 2019", asegura el Ejecutivo.
Del estudio resultaron "medidas urgentes que ya se han aplicado", así como la licitación y adjudicación de un contrato de desarrollo cuya ejecución comenzó el 28 de octubre de 2019. El Gobierno dice que prevé renovar el equipamiento informático asignado a los puestos de trabajo y mejorar la conectividad y digitalización en los procesos que involucran a la nueva aplicación.
De acuerdo a la explicación del Gobierno, el Departamento ha sufrido notablemente un descenso en la dotación de recursos humanos que prestan servicios en la Subdirección General de Títulos en los últimos años, de casi un 30% de la plantilla y que puede aumentar por la edad del personal y las próximas jubilaciones. Y promete "intentar recuperar este capital humano a través de concursos para ocupar las plazas vacantes".
Por otro lado, el Ejecutivo señala que se encuentra en fase de tramitación un proyecto de modificación de la Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, para "agilizar el procedimiento a través de varias modificaciones".
Entre ellas, se pretende establecer la tramitación electrónica obligatoria de los procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia de los títulos extranjeros de educación superior, desde la presentación de la solicitud a través de la Sede Electrónica del Departamento hasta la notificación de la resolución.
"Lo que incluirá la realización de todos los trámites, notificaciones y presentaciones en formato electrónico, así como la expedición de las credenciales y los certificados de equivalencia en soporte electrónico", garantizan.
"Las personas físicas residentes en el extranjero podrán actuar directamente, o por medio de representante debidamente acreditado, para la presentación de la solicitud, escritos y comunicaciones por medios electrónicos", dicen.
Se eliminará -asegura- el requisito de aportación de copia compulsada, en la presentación de documentos con la apostilla del Convenio de la Haya. "La presentación de la solicitud a través de la Sede Electrónica simplificará el procedimiento al eliminar la presentación de la documentación en papel y la necesidad de compulsa de los documentos en un Registro administrativo o, en su caso, el envío por correo de la solicitud", apunta.
De acuerdo a la respuesta del Gobierno, se facilitará la visibilidad del estado de tramitación del expediente, por lo que se reducirán significativamente el número de consultas, escritas, telefónicas y presenciales. El Ejecutivo también indica que deben emitirse por parte de la ANECA un mayor número de informes de carácter general.
