El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá como consecuencia indirecta la imposibilidad de retirar las condecoraciones a Antonio González Pacheco, más conocido como el 'Billy el Niño'. Se trata del policía franquista sobre el que pesan numerosas denuncias por torturas y al que este Ejecutivo quería despojarle de esos reconocimientos.
La iniciativa partió del Ministerio del Interior tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska. En su condición de juez, exploró las vías legales para poder proceder a esta retirada sin incurrir en irregularidades que pudiesen dar pie a un recurso del afectado. Estas medallas policiales -algunas de ellas pensionadas- son de carácter vitalicio y están reguladas por una ley que data del año 1964, promulgada en plena dictadura.
Fuentes gubernamentales explican a Vozpópuli que Interior hizo una propuesta de retirada de las medallas que, en un primer momento, se valoró llevar vía Real Decreto, pero finalmente el Gobierno decidió que fuera como una enmienda en la Ley de Memoria Histórica dejando de depender por tanto del Departamento de Grande-Marlaska. En ese sentido, las mismas fuentes admiten que el fin de la legislatura hace imposible ya la tramitación de esa norma y por tanto cumplir el objetivo de retirar la medallas a este policía.
Cuatro medallas y pensión vitalicia
Según publicó El País, tras la investigación que hizo el Ministerio acerca de las condecoraciones entregadas a González Pacheco durante su carrera se acreditó que cuenta con hasta cuatro medallas. La primera de ellas la recibió en 1972 y la última en 1982. Esos reconocimientos, además, incrementan hasta un 50 por ciento su pensión.
El mes pasado, el Gobierno contestó a EH Bildu una pregunta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press en la que informaba de que seguía buscando "fórmulas legales" que le permitan "revertir las condecoraciones y recompensas" que se han otorgado a 'Billy El Niño'.
“Se está procediendo a estudiar y a analizar el actual marco normativo regulador de las condecoraciones y recompensas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el firme propósito de poder alcanzar un consenso en la materia, donde el concepto de ejemplaridad pueda estar expresamente definido”, argumentaba el Gobierno. La tarea, en caso de seguir adelante, corresponderá ya al Ejecutivo que salga después de las elecciones de abril.
