El proyecto económico de Vox es uno de los puntos que menos definido tiene la formación de Santiago Abascal y que menos expone en el discurso público. El partido tiene unas líneas básicas muy marcadas que se centran en una agresiva bajada de impuestos con reducción y supresión de tributos, pero sin una reducción del gasto en el estado del bienestar que permita amortiguar la caída de ingresos de la que no aportan un cálculo estimado. Algunas de sus propuestas escapan de las tesis liberales en las que tradicionalmente se ubica a la formación y se acercan más al proteccionismo.
Los de Abascal confían en reconducir las cuentas públicas como presumen de hacer con los gastos e ingresos de su partido y lo fían todo a la desaparición de las Comunidades Autónomas y recentralización de competencias. Lo primero implicaría necesariamente una reforma de la Constitución para la que, hoy por hoy, ningún otro partido actual prestaría sus votos. Y los efectos sobre la eficiencia del gasto no están claros.
En materia impositiva abogan por implantar un tipo único de IRPF frente al actual modelo de tramos. Un 20% para rentas inferiores a 60.000 euros anuales y un 30% para aquellas que sobrepasen esa cifra. Además, proponen rebajar el de Sociedades e incluso llegaron a plantear una reversión de la última subida del IVA a umbrales de 2011 si hay equilibrio presupuestario.
Entre aquellos a eliminar, el de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y las plusvalías municipales. Todos aquellos de los que se nutren para financiar los servicios públicos los entes autonómicos que quieren hacer desparecer. Asimismo, el IBI desaparecería para las familias numerosas y las que tengan hijos sólo deberían pagar la mitad.
Sin embargo, lo único que plantean nítidamente para atajar el desajuste presupuestario que causaría la bajada de impuestos propuesta es reducir el gasto público destinado al ámbito político. Con la supresión del Senado, de las CCAA y la fusión de entidades locales calculan que podrían eliminar 81.934 cargos políticos.
Pero poco dicen sobre atajar el gasto de los pilares básicos del estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones o dependencia) a los que se destinan el grueso de los ingresos de las autonomías de cuyos funcionarios no quieren prescindir, sino reubicarlos en otros organismos del Estado.
El PP tiene ahora a Ramón Escolano, que sustituyó a Luis de Guindos cuando abandonó el Ejecutivo para ocupar la vicepresidencia del BCE; y también a Daniel Lacalle, un rostro que se ha prodigado más por los medios como José Carlos Díez, que trabajó para el PSOE. Vicenç Navarro fue junto a Juan Torres el autor del documento económico sobre el que Podemos elaboró su programa. Ciudadanos tuvo a Luis Garicano como referente. Pero de Vox no se conoce un referente que lleve las riendas del discurso ni del programa.
