Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda (FAI-RADE) han esperado a la campaña electoral para recurrir el archivo de la querella que presentaron contra Juan Carlos I por 13 delitos, entre ellos el de constitución de grupo criminal.
El Supremo archivó recientemente esa querella, que se fundamentaba en las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo en la que implicaba al rey.
Unos hechos que investigó la Audiencia Nacional en una pieza del 'caso Tándem', llamada 'Carol', en la que solo estaba imputado Villarejo y que acabó archivando al no existir indicios de delito y haberse producido los hechos en un periodo en el que el rey emérito estaba amparado por la inviolabilidad.
La AN se apoyó también en su decisión ante la ausencia de datos documentales que justificasen las manifestaciones de la amiga del rey emérito. Ante el archivo de esa investigación, que no fue recurrido, el Supremo hizo lo propio con la querella, de acuerdo con la opinión de la Fiscalía.
Tras ello, los promotores de la misma (IU, PCE y el citado foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas) han presentado un recurso de súplica ante la Sala de lo Penal del Supremo. A su juicio, la "pasividad investigadora" del Supremo, la "falta de medidas indagatorias ante hechos de una gravedad excepcional", produce la "negación de tutela judicial efectiva con efecto de indefensión a esta parte al llevar implícito un ánimo de mantener una situación de palmaria impunidad”.
Hasta 13 delitos
Su planteamiento es que el rey Juan Carlos pudo participar en hasta 13 delitos junto a Sayn-Wittgenstein; el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán; Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga.
Basan el grueso de sus acusaciones en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.
Entre los delitos por los que los partidos también acusan a Juan Carlos I figuran cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal.
