Nueva frente judicial para el Govern de Francina Armengol. El Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma ha admitido a trámite una querella contra ex altos cargos del Gobierno de Armengol por una presunta trama de corrupción en la que estaría implicado el ex consejero de Trabajo, Iago Negueruela, y en la que salió beneficiada la empresa Disconsal. Esta información, adelantada por La Voz de Ibiza, ha sido confirmada a Vozpópuli por fuentes de la compañía demandante, Mare Nostrum.
La compañía acusa a Negueruela, actual portavoz del Partido Socialista en Baleares, de operar en una trama corrupta de la que formarían parte el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) e Inspección de Trabajo con el objetivo de beneficiar a Diconsal en adjudicaciones públicas, perjudicando así a su competidora Mare Nostrum.
Mare Nostrum, empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales, al igual que Diconsal, ha solicitado una ampliación de la querella para incluir en la misma a Negueruela. Esta ampliación no ha sido todavía admitida a trámite por el juez que instruye la causa, Antoni Rotger Cifre.
Mare Nostrum solicita la inmediata suspensión de Negueruela de sus funciones públicas para evitar mayores ilícitos, la apertura de una investigación detallada sobre su papel en la trama de sobornos y corrupción y la revisión de todos los procedimientos y decisiones administrativas. En respuesta a La Voz de Ibiza, que publicó documentos que involucraban a Negueruela en la supuesta trama, la mano derecha de Armengol sostiene que "es absolutamente falso que existan correos electrónicos que impliquen a Negueruela en ningún caso de soborno, y mucho menos existe una mafia organizada en Trabajo".
Demanda a Armengol en el Supremo
La documentación publicada en exclusiva por Vozpópuli ha nutrido la denuncia de Hazte Oír contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por mentir en la Comisión de investigación sobre el caso Koldo en la Cámara Baja. Una denuncia que en primer lugar se presentó a la Fiscalía General del Estado y que ahora se ha ampliado al Tribunal Supremo.
El texto de la demanda, al que ha accedido este periódico, cita la resolución del ex director general de Salud Pública, Juli Fuster, emitida el 4 de mayo de 2020, en el que se demuestra que el material comprado a Soluciones de gestión tenía un fin sanitario y no civil, como tratan de asegurar Armengol y sus ex altos cargos en una nueva versión de los hechos. Un nuevo frente en los tribunales para el Govern de Armengol.