El plan de financiación autonómica del PP prevé reestructurar la deuda como diseñó Montoro en 2018

Cristóbal Montoro fue uno de los grandes protagonistas de la VI Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado el 17 de enero de 2017. El entonces ministro de Hacienda, si bien con tres años de demora, habida cuenta de que debe revisarse cada cinco y el último acuerdo databa (y sigue datando) de 2009, se decidió de una vez por todas a abrir el melón de la financiación autonómica. Con todos los presidentes de comunidades con régimen común sentados a la mesa –menos el catalán, Carles Puigdemont, ya armado con bencina y cerilla–, se acordó la creación de un Comité de Expertos. Lo formaron cinco profesionales independientes de reconocido prestigio a propuesta del Gobierno y otros 16 más escogidos por las comunidades autónomas, uno cada una. Tras 19 reuniones de trabajo, el 28 de julio de ese mismo año, el comité plasmó lo acordado en un informe de 168 páginas que nunca se llegó a aplicar.

Y es que los meses posteriores fueron especialmente farragosos para Montoro, enfrascado hasta el 23 de mayo de 2018 en sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que, a la postre, supusieron el epitafio de Mariano Rajoy. Entre su aprobación y el cadalso de la moción de censura, el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría y los últimos tragos del presidente en Arahy, apenas pasaron nueve días. Pero semanas antes, como ha sabido Vozpópuli, el entonces ministro de Hacienda aseguró a sus más estrechos colaboradores que ya había "tenido un primer contacto con el PSOE" y que, decidido, su siguiente hito sería actualizar el sistema de financiación autonómica.

El propósito de una "financiación singular" para Cataluña avivado por Pedro Sánchez el pasado domingo en una entrevista en La Vanguardia, empujado el presidente del Gobierno por las exigencias de ERC y Junts para hacer president de la Generalitat a Salvador Illa, ha desempolvado un proyecto en el que Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, lleva meses trabajando. Un plan sintetizado en un documento/esquema de 12 páginas con los puntos "en los que todos [los territorios gobernados por los populares] están de acuerdo" –aseguran fuentes de Génova–, que salió del horno hace "ya un tiempo", trabajado con los 13 consejeros de Hacienda del PP y que, si bien actualizado, "bebe" del plan de Montoro. 

Entre las 15 propuestas acordadas en el informe final de la comisión de expertos aquel julio de 2018, se contemplaba la posibilidad de una "reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado, supervisada por el Banco de España y la AIReF, ampliando los plazos de forma razonable, añadiendo en su caso nuevos períodos de carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado" que el PP está dispuesto a asumir. Un punto, además, desarrollado con especial interés en los votos particulares emitidos en el informe por los expertos propuestos por las comunidades autónomas y una posibilidad a la que el propio Montoro, en un giro de los acontecimientos, se abrió públicamente a principios de ese 2018. Eso sí: sin plantear nunca una quita ni una condonación de la deuda como reclama el independentismo catalán.

No obstante, desvelados por Bravo algunos de sus puntos en una entrevista en COPE este lunes, el PP esperará estratégicamente a que el Gobierno mueva ficha para desplegar toda su artillería. Las propuestas que llevará a gala el vicesecretario económico de Alberto Núñez Feijóo, además, serán otras. Como el concepto de "población ajustada" que Bravo considera primordial para atajar la cobertura de servicios básicos en las zonas más despobladas de la España vacía a través de "correctores" económicos. O la necesidad de "rebajar las competencias duplicadas", en la línea del informe de 2017. O la urgencia de replantear en sus postrimerías el reparto de los Fondos Next Generation cuya gestión por parte del Ministerio de Hacienda el PP considera "nefasta".

Condonación para "desconectarse" de España

Feijóo y Bravo estuvieron este mismo martes reunidos en el despacho del líder del PP departiendo sobre cómo abordar "un sistema de financiación autonómica justo y sin privilegios" y "acordado de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", informaron fuentes de Génova. Un extremo reivindicado este martes tanto por el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, como por los 13 consejeros de Hacienda del PP, que enviaron una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigiendo la convocatoria inmediata del CPFF.

Fuentes gubernamentales aseguran que la voluntad de la también vicepresidenta del Gobierno es "cambiar el modelo" y "pactarlo con el PP". Estas mismas fuentes del Ejecutivo no cierran la espita abierta por Sánchez el domingo y concretan difusamente "una financiación singular sobre cuestiones que tengan características especiales" en Cataluña. En Moncloa, no obstante, son conscientes de la dificultad de fraguar un acuerdo con Junts y ERC, dado que la posición del independentismo catalán es de máximos y la palabra referéndum ya sobrevuela la política española como un zepelín. Por ello, frente a la luz y los taquígrafos pedidos por el PP este martes, el Gobierno aboga por la "discreción" en las negociaciones.

En este sentido, fue el propio Bravo en la entrevista citada quien deslizó la lectura del principal partido de la oposición sobre el interés último del independentismo catalán. "A ver si aquellos que piden la condonación de la deuda van a estar pensando en ese referéndum y esa desconexión y tener una menor dependencia de España para poder desconectarse más fácil", dijo el exconsejero de Hacienda andaluz. "Están pensando a 10 años", siguen fuentes de la dirección nacional del PP. "Esa es la jugada. Y Pedro Sánchez se la está comprando". Para Génova, gran parte de la solución para que esto no ocurra lleva escrita casi siete años. Guardada en un cajón hasta Bravo la desempolvó como el arca perdida de la financiación autonómica.