La presidenta del Congreso, Ana Pastor, tiene intención de retrasar de la Diputación Permanente que deberá convalidar los reales decretos sociales aprobados por el Gobierno en las últimas semanas. La voluntad de la presidenta de la Cámara Baja es no celebrar más de una convocatoria del órgano que permanece activo cuando las Cortes están disueltas.
El plazo máximo para celebrar la sesión concluye el próximo 6 de abril, cuando se cumplen los treinta días hábiles de la aprobación en Consejo de Ministros de los primeros decretos que aún deben recibir el visto bueno de la Cámara Baja para seguir en vigor. Al margen del que prevé el plan de contigencia ante un 'brexit' sin acuerdo, hay otros tres de fuerte contenido político y social.
Uno sobre igualdad en el ámbito laboral que contempla la ampliación progresiva de la baja de paternidad hasta 16 semanas en 2020; otro con medidas en materia de vivienda y alquiler (1 de marzo); otro con medidas de protección social y lucha contra la precariedad laboral que recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años.
Si fueran rechazados, decaerían automáticamente. Aunque el Gobierno socialista dijo que no aprobaría decretos sin tener los apoyos cerrados, los nacionalistas vascos del PNV y con los de EH Bildu o los independentistas de ERC y el PDeCAT aún no han asegurado públicamente su respaldo.
La presidenta está a la espera de conocer si el Ejecutivo prevé aprobar más decretos ley antes de fijar fecha para la sesión. A priori, el Gobierno ha aflojado la aprobación de los decretos ante las críticas de la oposición y de sus hasta ahora socios de Unidos Podemos, por el uso partidista del Boletín Oficial del Estado con las elecciones generales en ciernes.
De hecho, los letrados de la Cámara emitieron un informe en el que autorizan a tramitar como proyecto de Ley los decretos. Es decir, que los grupos políticos podrán introducir enmiendas en el articulado de los decretos sociales en plena campaña electoral. Y para eso sí que habría que convocar más sesiones de la Diputación Permanente antes de que se constituyan las nuevas Cortes el próximo 21 de mayo; a cinco días de los comicios locales y autonómicos.
