La investigación judicial abierta por la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc -partido hoy mayoritario en Compromís- entre 2007 y 2011 analiza varios contratos por un valor cercano a los tres millones de euros que la empresa de comunicación Crespo Gomar SL recibió de varios ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de esos contratos lo adjudicó el Ministerio de Sanidad y Consumo, dirigido entonces por el valenciano Bernat Soria, para la realización de una campaña publicitaria de "consumo responsable". El importe de licitación ascendió a 200.000 euros. Pero, ¿cómo fue aquel concurso que ahora investiga la Justicia? Tres datos llaman la atención: Crespo Gomar SL no presentó la oferta económica más ventajosa, se impuso a otras 14 empresas candidatas en base a "criterios técnicos" y era la única firma con domicilio social en la Comunidad Valenciana.
Crespo Gomar SL, adjudicataria también de otros servicios para el PSPV-PSOE o ayuntamientos gobernados por este partido, participó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007. La documentación aportada a la causa apunta que presuntamente fueron terceras empresas las que asumieron los pagos por los trabajos encargados a Crespo Gomar SL en esos actos electorales.
Según ha podido saber Vozpópuli, una pregunta parlamentaria del PP en el Congreso dirigida en su día al ministro de Sanidad ya desveló algunas de las claves que ahora manejan los investigadores. En concreto, fueron las diputadas María Teresa García Sena, María Inmaculada Bañuls Ros, Marta Torrado de Castro e Inmaculada Guaita Vañó las que interpelaron en abril de 2010 al departamento de Bernat Soria para saber "qué otras ofertas optaron a las campañas de publicidad del Gobierno que finalmente fueron adjudicadas a Crespo Gomar SL, y cuáles eran sus propuestas económicas".
La respuesta de Moncloa llegó casi un año después, en marzo de 2011, y apuntó que fueron otras 14 empresas de publicidad las que compitieron con Crespo Gomar SL para hacerse con el contrato de "Creatividad para promover un consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de navidad y en épocas de rebajas". Aquella campaña se denominó "Compra con Criterio". De las 15 firmas en liza, Crespo Gomar SL no presentó la oferta más ventajosa (puntuada con 51 puntos) y recibió 30,83 puntos. Los 51 puntos fueron para la empresa Thinking Forward Spain SL, que quedó segunda en la puntuación final (con la suma de la "valoración técnica")
Y es que la sociedad ahora investigada dentro de la presunta financiación irregular del PSOE valenciano fue la vencedora del concurso porque obtuvo la mayor nota en la "valoración técnica", con 46,80 puntos y una distancia de más de veinte respecto a la siguiente. Aquí se analizaron "la calidad de los mensajes, su originalidad y su creatividad". El importe de adjudicación se saldó en 184.138,40 euros, impuestos incluidos.
Así mismo, Crespo Gomar SL fue la única candidata con domicilio social en la Comunidad Valenciana. La mayoría de las concursantes tenía su sede en Madrid. Esta firma estuvo dirigida por Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía del socialista José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat.
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A fecha de noviembre de 2018, momento de la adjudicación de Sanidad a Crespo Gomar SL, se encontraba al frente de la dirección general de Consumo, Etelvina Andreu. Fue elegida para este cargo por Bernat Soria, que la conocía de haber trabajado con ella en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Andreu era hasta entonces la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, municipio donde concurrió como cabeza de cartel en las municipales de mayo de 2007. La Justicia investiga ahora la financiación de los socialistas valencianos en aquellos comicios.
Además de Alberto Gomar, también trabajaron para esta firma José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de la empresa pública mixta de la Diputación Egevasa, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident Joan Lerma; Orengo y la también exalcaldesa socialista de Gandía Pepa Frau.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, según confirmó el pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm instruyen actualmente esta causa pues ese juzgado valenciano se declaró no competente tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, informó Efe.
