Han pasado dos meses desde que el Gobierno decretó el estado de alarma en España. Todas las Administraciones quedaron bajo el mando único de Pedro Sánchez y los ministros socialistas de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes.
Sin embargo, el Ejecutivo continúa sin aclarar sobre qué órgano o departamento recaen las competencias a la hora de autorizar manifestaciones en un contexto de alarma y emergencia sanitaria.
Según ha podido saber este diario, las subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias no tienen instrucciones sobre cómo proceder ante las 'caravanas' promovidas por Vox el próximo 23 de mayo.
Algunas aseguran haber consultado al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en busca de "un criterio común válido". Sin embargo, fuentes de Interior explican a Vozpópuli que su departamento no va a emitir criterio alguno porque no tienen competencia en materia de manifestaciones.
Interior dice que no tiene competencias
En circunstancias normales, toda manifestación ha de ser comunicada a las autoridades gubernativas (Delegaciones) en un plazo de entre 10 y 30 días de antelación. Son ellas las que tienen las competencias de autorizar o no una concentración.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente debe dar luz verde siempre y cuando considere que no existen razones fundadas de que las concentraciones pueden producir alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes.
En caso contrario, los mencionados órganos -dependientes del Ministerio de Política Territorial en el plano administrativo- pueden prohibirlas y proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario. Las resoluciones deberán adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de 72 horas desde la comunicación.
Se rigen por el artículo octavo de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Las subdelegaciones piden un criterio común
Pero España lleva más de 60 días en estado de alarma y algunas subdelegaciones provinciales defienden que se tarta de "una situación de excepcionalidad" y abogan por contar con "un criterio común" por parte de Interior y/o Sanidad para validar sus resoluciones a la hora de aceptar o rechazar las manifestaciones en automóvil convocadas por Vox.
Es el caso de las subdelegaciones provinciales de Andalucía. Algunas, como la de Sevilla, aseguran haber consultado ya al departamento de Grande-Marlaska. Tienen tres días para responder a la solicitud de Vox. En Interior señalan que no han recibido, por ahora, ninguna consulta. E insisten en que autorizar o prohibir una manifestación no es su competencia.
Fuentes de las delegaciones consideran que Interior debería pronunciarse al tratarse de un asunto de seguridad y orden público bajo la figura del estado de alarma. Apuntan a que no disponen de antecedentes jurídicos para tomar una decisión válida y común a todas las provincias.
En Vox aseguran que ninguna subdelegación de la red gubernamental les ha comunicado todavía su decisión. Este lunes comenzaron a notificar las primeras manifestaciones y este miércoles han terminado el goteo. En total, han comunicado 52 protestas en coche por las principales calles de las ciudades. En algunas capitales han propuesto itinerarios distintos para contar con más opciones y tratar de evitar la prohibición. El partido considera que el silencio administrativo juega a su favor.
