El PSOE de Pedro Sánchez ha reclamado personarse como acusación popular en la causa en la que se investigan las presuntas mordidas abonadas por la constructora OHL a cargos del Ministerio de Fomento y de varias administraciones autonómicas. Según la providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la lista está la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE.
Fuentes de la investigación han confirmado a Vozpópuli que dichas mordidas tuvieron lugar en la administración autonómica andaluza gobernada por Susana Díaz y sus antecesores. Sin embargo, adelantan que estos pagos irregulares no afectarían a la expresidenta regional.
Tal y como adelantaron hace una semana los diarios El Independiente y El Confidencial, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón analiza ya varios contratos de obra pública en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid que podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de unos 40 millones de euros.
Nueva pieza
El PSOE ya ejercía la acusación popular en las piezas no secretas del caso Lezo. Ahora, tras haber tenido conocimiento "por la prensa", los socialistas reclaman su personación en la nueva investigación también a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 6.
El principal sospechoso de concertar los amaños es, según apunta El Confidencial, el directivo de la constructora Felicísimo Ramos. El ex director de gestión de OHL habría participado a su vez en el supuesto pago de una mordida de 1,4 millones de euros al entonces presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio de la adjudicación de la construcción de un tren de cercanías entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.
Tanto Ramos como otros directivos de OHL están imputados en el caso Lezo, en el que también han declarado otros altos cargos de la constructora en calidad de testigos.
Felicísimo Ramos
El hasta ahora señalado como principal sospechoso abandonó la multinacional española en 2016. Sin embargo, aún después de su retirada, Ramos aún tenía poderes en algunas de las sociedades y filiales que dependían de Huarte, una de las empresas de OHL. En concreto, seguía acudiendo a determinadas reuniones, por lo que continuaba obteniendo beneficios del Grupo de Villar Mir.
Tras las pesquisas y publicaciones en diversos medios, este jueves declaran como imputados varios directivos de la firma de Juan Miguel Villar Mir que habrían participado en las mordidas a las administraciones públicas, según ha adelantado El Independiente. Este viernes también están citados otros investigados en la pieza.
Las investigaciones se iniciaron después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieran conversaciones que habían sido grabadas por un empleado de OHL. En los audios, se constataba el mencionado cobro de las mordidas. Fuentes del caso explican a Efe que este trabajador conservaba esos audios "para blindarse ante la propia compañía" en el caso de que las irregularidades fueran detectadas.
Informe de la UCO
En el marco de las investigaciones, la UCO elaboró un informe en el que relataba el pago "sistemático" de comisiones ilegales en distintas entidades municipales y autonómicas para obtener contratación pública. Tras darse a conocer la existencia de una nueva pieza separada en el caso Lezo, OHL ha vuelto a difundir una nota de prensa en la que recuerda que ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción.
La constructora ha manifestado su "absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de Buen Gobierno y el respeto a la ley" y ha destacado que mantiene "una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta hoy".
