El hasta ahora comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, expresó recientemente al Gobierno a través del titular de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, su molestia por el "papelón" y el "paripé" "que se ha visto forzado a hacer en los últimos meses para mediar entre el Ejecutivo y el PP, y tratar de fijar posturas comunes que permitiesen alcanzar un acuerdo para renovar definitivamente en España el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Hasta ahora, la negociación ha resultado fallida, entre otros motivos, por la negativa reiterada de La Moncloa a reformar el sistema de elección de los veinte vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces. El planteamiento de Europa, idéntico al del PP, ha sido en los últimos tres años, tras un bloqueo ya de más de cinco años de la renovación del CGPJ, que doce de los veinte vocales sean elegidos por los jueces, y de entre los jueces, y no directamente por las Cortes Generales, con los vetos que de manera sistemática realizan los partidos políticos contra determinados candidatos o aspirantes. En realidad, el planteamiento de Reynders, y de muchos países europeos, se corresponde prácticamente con la legislación que tenía España entre 1981 y 1985, cuando el Gobierno de Felipe González decidió modificarla para adoptar el actual sistema de elección del CGPJ, más politizado, y que lo ha abocado a una parálisis inédita con la que se le impide hacer nombramientos clave en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores.

Ronda de Bolaños

Fuentes conocedoras de la negociación, y del enfado de Reynders por verse sometido a un inane juego de poderes y vetos mutuos en España, sostienen que en las últimas fechas Bolaños está intentando contactar con diversos candidatos con opciones a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ bajo la idea de que fuesen aceptables para el PP de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de poner encima de la mesa nombres de magistrados que abocasen al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces sin excusas. Sin embargo, algunos de esos nombres son reticentes por el enorme deterioro causado a la Justicia, que tardará años en ser revertido en términos institucionales y de reputación. El aval del Gobierno al ‘lawfare’ pretendido por sus socios independentistas tampoco ayuda a una maniobra del Gobierno que el PP percibe como una “trampa” para situar al frente del Supremo incluso a un juez no progresista, pero que realmente carezca de margen de maniobra en un CGPJ tan mayoritariamente dominado por la izquierda que lo convierta de facto en un “jarrón chino” de la judicatura, o en la mera coartada de una renovación ‘in extremis’.
Reynders abandona así la Comisión de Justicia con una intermediación frustrada dado el empecinamiento de los dos bloques, PSOE y PP, en no aceptar unas reglas de juego comunes y pactadas. La solución, que Reynders ya cuestionó abiertamente en 2021, pasa por el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial tras las elecciones europeas del 9 de junio e imponer un cambio de mayorías en la elección. De modo que ya no serían tres quintas partes del Congreso y del Senado las que n sobre la idoneidad de los nuevos veinte vocales, sino que bastará la mayoría absoluta del Congreso, 176 diputados -los del PSOE y sus socios- para alterar artificialmente las normas del juego.

El aval del Constitucional

Además, el Gobierno cuenta con el previsible aval del Tribunal Constitucional, cuya mayoría de siete magistrados afines al PSOE frente a cuatro designados por la derecha, ya avanzó en resoluciones recientes que, llegados a un extremo de bloqueo legislativo inédito, sería legítimamente asumible alterar las mayorías previstas en la ley siempre y cuando una parálisis institucional se convierta en perenne, la situación sea tan excepcional que impida la normal renovación de órganos constitucionales y, en tercer lugar, quede justificada por el “interés común”.
Más aún, el Gobierno ya ha utilizado antes estos argumentos, más políticos que jurídicos, por ejemplo para justificar la legalidad de la ley de amnistía, que quedará aprobada en cuestión de semanas. No en vano, el preámbulo de la ley de amnistía sostiene que su legitimidad “encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un lado la constitucionalidad de la medida, y por otro, la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general”.
El CGPJ se ha convertido en la obsesión de Sánchez porque una hipotética nueva mayoría de 176 escaños para voltear la actual ley le permitiría una renovación a medida, en la que el cálculo de la oposición, y de diferentes asociaciones judiciales, es que el PSOE y sus socios pudiesen llegar a 'colocar' hasta a dieciséis de los nuevos vocales. Y a través de ello dar un "vuelco ideológico" al Tribunal Supremo en los próximos cinco años.
Ya en 2021 se produjo una ofensiva de la Comisión Europea contra la pretensión de Sánchez de aprobar una reforma de la ley del poder judicial similar a la que ahora ha anunciado como ultimátum si el PP no accede a renovar el CGPJ en junio. En aquel momento, Sánchez renunció a su aprobación por las advertencias de Bruselas. Hoy, con la Comisión pendiente de una profunda renovación tras las elecciones europeas, el PSOE observa el momento propicio para alterar las reglas del juego en la justicia española.

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