La encendida defensa del 8-M que ha hecho Pedro Sánchez en el Congreso esconde una creciente preocupación en el seno del Gobierno por la causa judicial que investiga la convocatoria de estas manifestaciones, según reconocen varias fuentes del Gobierno a Vozpópuli. Sánchez ha reivindicado el espíritu del Día de la Mujer sin entrar a defender las convocatorias y su posible impacto en la expansión del coronavirus en España.
El 8-M es casi un tabú en La Moncloa después de la crisis abierta en el Ministerio del Interior y el vídeo en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, admite el riesgo de contagio de aquel día. La sensación cada vez más extendida en el Gobierno es que cargarán siempre con la mancha de haber empeorado la crisis sanitaria al autorizar estas marchas. La decisión política de proteger las manifestaciones feministas, dicen estas fuentes, provocó que no se tomasen medidas de control en otros ámbitos.
El primer fin de semana de marzo se celebraron espectáculos deportivos, culturales y políticos (como el de Vox) sin restricciones. Algunos embajadores europeos transmitieron al Gobierno su malestar por las imágenes que se habían visto en un momento en el que las fronteras seguían abierta e Italia ya afrontaba una grave crisis sanitaria con centenares de muertos al día.
Simón y el examen de conciencia
Este examen de conciencia solo se admite en contadas conversaciones privadas. El Ejecutivo defiende en público que obró correctamente al permitir las manifestaciones. Y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho en reiteradas ocasiones que el 8-M tuvo un impacto "marginal" en la epidemia de covid-19.
No es lo que creen muchos altos cargos del Consejo de Ministros, que dan por hecho el contagio masivo en las marchas del 8-M. Y, entre otros argumentos, invitan a revisar las cabeceras de las manifestaciones. En la de Madrid, estaban la vicepresidenta Carmen Calvo; las ministras de Política Territorial e Igualdad, Carolina Darias y Montero; y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Todas ellas han pasado la covid-19. El positivo de Darias y Montero se comunicó el 12 de marzo, cuatro días después de la protesta, tras las pruebas que se realizaron a todos los ministros y personal próximo a Sánchez en La Moncloa.
La preocupación del Ejecutivo por la investigación judicial, que de momento afecta solo a Madrid, ha provocado un incendio en el Ministerio del Interior. El informe de la Guardia Civil que se ha aportado al juzgado de instrucción 51 de la capital ha supuesto una oleada de ceses y dimisiones. La oposición pide en bloque la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.
67 manifestaciones en Madrid
La juez de Carmen Rodríguez-Medel ha citado a otros ocho testigos para una ronda de interrogatorios. La magistrada investiga al delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al permitir esas marchas.
Entre el 6 y el 8 de marzo del 2020, la Delegación de Franco autorizó 67 manifestaciones y concentraciones en apoyo del Día Internacional de la Mujer. Un total de 35 tuvieron lugar en Madrid capital y 32, en municipios de la Comunidad. Así consta en una nota de prensa oficial, en la que se indica que los protocolos de seguridad se abordaron en una reunión con las organizaciones convocantes el 27 de febrero.
Sánchez cambió radicalmente el discurso sobre el coronavirus a día siguiente de las marchas (9 de marzo) en la clausura del Congreso de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El jefe del Ejecutivo anunció más reuniones de coordinación y un plan de choque. El Gobierno acabó decretando el estado de alarma para hacer frente a la epidemia menos de una semana después del 8-M.
