En la mañana de ayer, el Gobierno de Ayuso logró una victoria judicial clave en su camino por lograr sacar adelante el centro de primera acogida para menores migrantes no acompañados de La Cantueña. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó, de nuevo, la petición del Ayuntamiento de Fuenlabrada de suspender las obras ejecutadas por la Comunidad de Madrid en el centro de menores de La Cantueña.
Este fallo supone el quinto favorable a los intereses del Ejecutivo regional, cuyo papel en este caso es acoger, tal y como le exige el deber a las administraciones autonómicas, adecuadamente a los menores no acompañados que lleguen a su región. Un reparto que hace el Gobierno de la nación ante la emergencia migratoria tan brutal que vive España en los diez meses que llevamos de 2024.
Por ello, la CAM ha facilitado decenas de ubicaciones que han transformado en centros de primera acogida, muchos de los cuales han tenido que ser reformados y acondicionados para dar cabida a estas personas. En mayo de este año, el Gobierno regional empezó a acometer obras en el edificio de La Cantueña, en Fuenlabrada, para formalizar las 96 plazas de acogida de las que dispone el centro.
Así lo argumentó ayer la Sala, alegando que quedaba "patente" que, "dada la situación de los menores no acompañados generada a raíz de su entrada masiva en España en los últimos tiempos, se justifica la necesidad de adecuar los edificios disponibles a esta novedosa situación".
Frente a esta decisión, el Consistorio considera que la ejecución del contrato le ocasiona perjuicios de difícil reparación, que consisten en "realizar unas obras que resultan contrarias a lo estipulado en el Convenio por el cual se cedieron los terrenos y el inmueble para que, a la hora de recuperar su titularidad real, se deban adecuar nuevamente al modelo y normativas urbanísticas y a los usos del lugar".
Entiende que ello genera por "un lado un grave perjuicio para el propio municipio y, por otro, graves incumplimientos por parte de la Comunidad de Madrid que pueden evitarse con la paralización y suspensión del contrato". A principios de junio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada precintó las obras en el espacio medioambiental de La Cantueña en cumplimiento del decreto municipal de paralización de las mismas. Pero el día 21 del mismo mes, una juez avaló la continuidad de las obras para construir el centro de menores ante "la presión migratoria".
Los primeros menores migrantes llegaron a La Cantueña el último fin de semana de septiembre, según anunció la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien, unos días más tarde, explicó que el centro estaba funcionando "con total normalidad".
La ubicación del centro de primera acogida de menores migrantes de la Cantueña, ubicado en el polígono de Cobo Calleja, alejado de viviendas, institutos o parques y rodeado de vías de circunvalación, ha suscitado la polémica entre la administración regional y la local. El alcalde de Fuenlabrada ha trasladado a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia su "preocupación" por el macrocentro de menores migrantes no acompañados que, insiste, la Comunidad de Madrid ha abierto en La Cantueña, "a espaldas del Ayuntamiento".
Este encargo de Moncloa ha hecho que, como el resto de las Comunidades Autónomas, Madrid esté al límite de sus capacidades y recursos, teniendo que destinar unos 40 millones de euros de las arcas de la región. Una situación que ha servido al PSOE madrileño para hacer campaña contra Ayuso por varios frentes.
Por un lado, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, gran derrotado en las primarias del PSM en 2021, quien ha interpuesto hasta cinco recursos que la Justicia madrileña ha tumbado, todos ellos con el objetivo de tratar que los menores no llegasen a La Cantueña, ya que argumentaban que la concesión del terreno por parte del consistorio a la Comunidad de Madrid era para que allí se levantase algo de interés público para sus ciudadanos.
Después, cambió el discurso, alegando que los chicos que allí se hospeden no se integrarían al 100% por encontrarse lejos del núcleo urbano, todo con tal de parar unas obras que el TSJM ha avalado una y otra vez. Al final, y tras muchos meses de acusaciones, palabras y recursos judiciales, La Cantueña es y será un centro de primera acogida que da respuesta a la gran crisis migratoria que atraviesa España.
Cinco victorias de la Comunidad de Madrid
Desde Sol advierten que "en los dos procedimientos en que la CAM figura como demandante", es decir, en los decretos de paralización de obras y de reversión de finca, "se estimaron las cautelarísimas de la autonomía, que luego se confirmaron también por nuevos autos tras escuchar al Ayuntamiento de Fuenlabrada". Cuatro victorias que se suman a la de hoy, dando un total de cinco resoluciones favorables a los intereses del Gobierno de Ayuso.
En lo que llevamos de 2024, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 2.000 menores no acompañados. La Cantueña ya da cobijo a 30 menores, con entradas progresivas hasta que se completen las 96 plazas autorizadas. Desde el Ejecutivo de Ayuso apuntan que "el inmueble es propiedad de la Comunidad de Madrid y se encontraba en desuso desde hace años".
Un centro para el que, de cara a facilitar el acceso, hay varias líneas de transporte público y la entidad que lo gestiona ha habilitado 10 vehículos para el traslado de los menores a las actividades que se realizan fuera del centro.
"Los menores ya están recibiendo clases de castellano, están realizando salidas a instalaciones deportivas cercanas y están practicando deporte en la pista de futbol que se ha habilitado en el centro. Además, los educadores están desarrollando salidas educativas durante la semana para enseñar a los menores a cómo moverse en el transporte público y diferentes formas de ocio gratuito que pueden disfrutar en Madrid", confirman desde Sol ahondando en el plan estudiado que tienen para La Cantueña.
"Además, a partir de noviembre comenzaremos un proyecto pionero con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y la entidad social CESAL para que los jóvenes realicen prácticas en instalaciones de este organismo y esta entidad. Incluirá visitas a las fincas y centros del IMIDRA para conocer los medios y prácticas de producción de alimentos de origen vegetal y animal y los trabajos que la Comunidad de Madrid está realizando a través del IMIDRA para innovar dicha producción y su comercialización".
