El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera "inmediata" de 900 a 1.000 euros mensuales, como defendían los morados en el programa de gobierno con el que se presentaron a la repetición de elecciones el pasado 10 de noviembre y lograron incluir en el pacto para este 2020, primer año de gobierno.
Y es que la subida en 2018 de 734 a 900 euros ya produjo unos efectos colaterales negativos que el ex secretario General de la Seguridad Social Octavio Granados reveló hace escasas semanas: 13.000 empleadas de hogar han pasado a la economía sumergida en el cuatro trimestre y miles de jornaleros del campo también se han visto afectados negativamente en sus emolumentos.
Así que el Ejecutivo de izquierdas ha decidido actuar "sin prisa" a la hora de acometer en España esa subida paulatina hasta los 1.200 euros mensuales en 2024, final de legislatura -el 60% del salario medio en España-, admiten a Vozpópuli fuentes gubernamentales. Hay que "respetar", dicen ahora, el diálogo social de patronal y sindicatos y, sobre todo, "evaluar concienzudamente" los efectos que pueda tener en las escalas salariales.
Y la excusa perfecta que ha encontrado el gabinete es el debate que va a comenzar esta semana en la UE sobre la necesidad de crear un SMI en cada uno de los 28 Estados miembros, que alcance el 60% del sueldo medio en cada país para 2024 cuando la actual Comisión Europea finalice su mandato.
Escrivá vaticinó 40.000 empleos menos
La presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, ha asignado la cartera de Empleo al socialista luxemburgués, Nicolas Schmit, defensor de establecer tanto un salario mínimo como un mecanismo de seguro o reaseguro de desempleo. Pero hay muchos países que se oponen y el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en esa circunstancia, y en la necesidad de ver el impacto real de la subida de 2018, argumentos de peso para imponer un retraso.
El propio Pablo Iglesias reconoció tras la firma del acuerdo con el presidente del Gobierno que no solo Pedro Sánchez, también empresarios y sindicatos, estaban instando a Unidas Podemos a levantar el pie del acelerador en la reclamación de una nueva subida del SMI español. Así que no es previsible que la flamante nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleve este asunto al Consejo de Ministros de este viernes o al de la próxima semana.
No tendrá así oportunidad Díaz de confrontar con el que, a priori, se presenta como su principal rival interno, el ortodoxo ministro de Seguridad Social, José Manuel Escriva, que no ha dudado en vaticinar cuando estaba al frente de la Airef una caída de 40.000 puestos de trabajo por el efecto nocivo del pase de muchos trabajadores precarios a la economía sumergida.
