El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho hoy que informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han acreditado más de 300 actos violentos durante el proceso independentista en Cataluña y ha añadido que en las movilizaciones se usó dinero público.
Zoido ha realizado estas manifestaciones en Telecinco al ser preguntado por la decisión de un tribunal alemán de no entregar a España al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont por delito de rebelión y de pedir más información para ver si procede hacerlo por el de malversación.
"Me gustaría que me explicaran los jueces alemanes lo que entienden por violencia", ha comentado el titular de Interior, tras comenzar aclarando que respeta las decisiones judiciales tanto de los magistrados de España como de Alemania y mostrar su convencimiento de que "al final resplandecerá la verdad".
Y ha apostillado: "Les diría a los jueces alemanes que ha habido más de 300 actos que supusieron ejercicio de la violencia contra agentes de la seguridad, autoridades judiciales y edificios de instituciones que alteraron la normal convivencia".
Ha puesto el ejemplo de los sucesos en la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat en Barcelona para impedir que detenidos asistieran a los registros y en los que destrozaron coches de las fuerzas de seguridad y el episodio en el que la letrada de la administración de justicia tuvo que ser evacuada por una azotea.
Ha recordado también los "escraches" que sufrieron guardias civiles y policías nacionales para intentar que no salieran de los hoteles, así como los artefactos explosivos lanzados contra cuarteles y el cerco se sedes policiales y judiciales.
Por todo ello ha insistido en mostrar su convencimiento de que "al final la euroorden será satisfactoria para España".
También ha sido preguntado por el Pleno convocado en el Parlament de Cataluña para el viernes próximo para la investidura de Jordi Sánchez (JxCat), uno de los investigados que se encuentran presos.
Zoido estima que se debe presentar para la investidura "a una persona que no tenga causas judiciales pendientes para así recuperar la normalidad" y ha calificado de "provocación" que los independentistas vuelvan a proponer a Jordi Sánchez cuando ya se le denegó la autorización para asistir a un Pleno anterior.
Ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está deseando una vía de diálogo pero siempre dentro de la ley".
