"Inseguridad jurídica" para las concesiones en la línea de costa. Eso es lo que alega el Partido Popular de Galicia al oponerse a la Ley de Cambio Climático aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.
La Xunta de Galicia ya ha anunciado su intención de llevar esta norma ante el Tribunal Constitucional porque su artículo 18 (que alude a la duración de las concesiones administrativas en terreno de dominio público-marítimo terrestre) supone, según defienden, dar "carácter de retroactividad" al límite de 75 años estipulado como máximo para las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
Desde la formación que en Galicia lidera Alberto Núñez Feijóo rechazan este artículo porque consideran que se trata de un "ataque claro a la continuidad de 5.000 puestos (de trabajo)" que dependen del sector de transformación de la cadena mar-industria y advierten que la nueva norma podría causar el cierre de empresas "en los próximos meses".
El PP no es el único partido que se opone a esta ley. El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, hizo llegar a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una carta en la que expone una propuesta de modificación del artículo 18 para que se excluyan de este actividades como la acuicultura o las de las conserveras, depuradoras y cocederos de marisco.
En opinión de Rego, la norma "está generando una enorme preocupación en Galicia". "El problema de tratar de manera homogénea realidades muy diferentes es que pueden derivar en grandes injusticias. Es evidente que la realidad de la costa gallega es muy distinta de la mediterránea, o incluso de la cantábrica", reflexiona Rego en la carta, en la que advierte de un efecto "demoledor" para la industria.
"Falsa sensación de alarma"
Ante la polémica surgida en torno a la Ley de Cambio Climático, Ribera señala que la valoración de la Xunta "no es la correcta" y les acusa de crear una "falsa sensación de alarma" que provoca "desconcierto" en el sector. Además, la también vicepresidenta cuarta del Gobierno asegura que no se puede decir que tenga efecto retroactivo "cuando limita derechos ya firmes". "En principio, no tienen ninguna limitación con respecto a la concesión ya otorgada", señaló recientemente preguntada por este asunto.
Sobre la mesa también está Ence, la fabrica de celulosa de la Ría de Pontevedra que según el PP puede verse "abocada al cierre" con la Ley de Cambio Climático. Sin embargo, PSOE y BNG ven en el recurso de la Xunta una defensa de esta empresa y de los "intereses" por que siga en esta ubicación ante los problemas para su continuidad.
En este sentido, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, remarcó que la "postura" de la Xunta está marcada por el futuro de Ence, un asunto que en su opinión está "judicializado" y que "dependerá de los tribunales" y "no" de la Ley de Cambio Climático que ahora debe pasar por la Cámara Alta para su aprobación definitiva.
