La defensa del capitán del petrolero Prestige, Apostolos Manguras, principal acusado del vertido en noviembre de 2002 de más de 67.000 toneladas de fueloil frente a las costas gallegas, ha reclamado este martes, en la apertura del juicio en La Coruña, la "nulidad" de la causa, al entender que "no se garantizaron los derechos fundamentales" del defendido.
El abogado José María Ruiz Sorona, representante de Manguras en la causa, ha advertido de numerosas irregularidades en el proceso, como la entrada a bordo del petrolero de personal de las administraciones españolas sin autorización judicial. Asimismo, Ruiz Sorona, ha señalado que las autoridades españolas, que tomaron el control del buque a partir del 14 de noviembre de 2002, tomaron decisiones "equivocadas".
El letrado ha recordado que entre el 13 y el 19 de noviembre de 2002, cuando el barco navegó con rumbo errático frente a las costas de Galicia, se tomaron una serie de medidas que en ningún caso estaban respaldadas por la autoridad judicial. Asimismo, ha incidido en que en ningún momento el barco estuvo abandonado y que en todo momento se encontraron a bordo el capitán o miembros de la empresa rescatadora contratada por el armador.
Ruiz Soroa ha sostenido que se obtuvieron pruebas con la "violación de derechos fundamentales" y que, por tanto, son "ilícitas" e "irregulares". También ha denunciado que se retiraron documentos del barco cuando el capitán ya había sido detenido y que "no hubo garantías en la cadena de custodia" de los mismos y reclama que a su patrocinado sólo se le puedan imponer penas pecunarias.
En la vista también se está debatiendo el estado del barco, un monocasco de 277 metros de eslora construido en 1977, sin que ninguna de las partes que ejerce como acusación haya demostrado que las causas de naufragio fueron la falta de mantenimiento y otras carencias. Para el letrado, esta cuestión es relevante, porque gran parte de las acusaciones se basan en esta premisa.
Sólo un cargo público entre los acusados
Además del capitán del barco, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, están acusados por los mismos delitos otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas. Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento y único cargo público en este juicio, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
Por su parte, el abogado del jefe de máquinas, Paulino Pérez Riveiro, que ejerce el turno de oficio, ha advertido de que está dispuesto a renunciar a la defensa de su patrocinado debido a que la retribución económica asciende únicamente a 455,30 euros por un proceso que se prolongará hasta el 29 de mayo de 2013. El letrado la reclamado una compensación acorde al alcance de la causa y ha recordado que en el juicio por los atentados del 11-M se hicieron "excepciones" en ese sentido.
