La luna de miel que atraviesan España y Marruecos tiene un precio. En la última legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado varios guiños a Mohamed VI con el objeto de rehabilitar las dañadas relaciones bilaterales a ambos lados del Estrecho, que atravesaron una ruptura casi total tras el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario en España y la posterior entrada de miles de personas en Ceuta por vías irregulares. Desde entonces, Moncloa ha reconocido -con fuerte oposición política- las demandas alauitas sobre el Sáhara; ha cesado a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya; ha aprobado constantes transferencias económicas rumbo a Rabat; o adquirido material destinado a los gendarmes del país vecino, entre otras partidas.

La prensa afín a Mohamed VI recoge en los últimos días las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, en la que define a Marruecos como un “amigo” y “aliado fundamental”. La travesía hasta ese puerto, no obstante, ha estado marcada por las tempestades. No hay otro caso singular en la diplomacia española como el de Rabat desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Tampoco en el que se hayan registrado concesiones de tanta envergadura.

La principal fue reconocer los planes de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. “España considera la propuesta marroquí de autonomía [del Sáhara Occidental] presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la solución de este diferendo”, rezaba la misiva que Pedro Sánchez remitió a Mohamed VI en marzo de 2022, en la que el presidente español plasmaba su intención de retomar las relaciones con Rabat tras la grave crisis diplomática que marcó los meses previos.

Asumir la política de Marruecos sobre el Sáhara Occidental supuso un giro de 180 grados a los preceptos que han regido la diplomacia española de las últimas décadas… amén de una airada polvareda política. Una parte del Gobierno, la representada por Unidas Podemos, no dudó en reprochar a Sánchez su decisión, toda vez que la formación morada defiende la celebración de un referéndum en el Sáhara, una postura diametralmente opuesta a la asumida por Moncloa. Además, la oposición política -principalmente el PP- reprochó que se tomara una decisión de esa envergadura sin una consulta o diálogo con las principales formaciones con representación en el Congreso.

Ceuta y Melilla

La decisión sobre el Sáhara fue la decisión más relevante asumida por José Manuel Albares desde que tomara la cartera de Exteriores. Lo hizo en sustitución de Arancha González Laya, cesada de forma fulminante en plena crisis con Marruecos. Según El Confidencial, su destitución llegó tras una petición expresa de Mohamed VI. Aunque el Gobierno negado este extremo, la realidad es que el entorno del rey alauí -según quedó constancia una vez más en su prensa afín- celebró su cesantía, al considerarla como la principal muñidora del ingreso hospitalario de Brahim Ghali en un hospital de Logroño.

Al ámbito de la soberanía hay que añadir otro capítulo destacado de fechas más recientes. El pasado mes de marzo, el Gobierno apuntó en una respuesta escrita tramitada en el Senado que “se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos” con Marruecos, con el supuesto objetivo de “conseguir mayor seguridad en las conexiones y la cooperación técnica”. La revelación despertó inquietud en ciertos sectores políticos, principalmente en el ámbito canario, al considerar que las negociaciones pueden derivar en una nueva cesión de soberanía -en este caso, aérea- en favor de Rabat.

A pesar de estas negociaciones, Marruecos no cesa en lanzar nuevos mensajes que cuestionan la soberanía española en la región. Cabe recordar la carta que Rabat envió a la ONU en la que afirmó que su país “no tiene fronteras terrestres” con España, en una alusión directa a su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. A ello hay que sumar las declaraciones del presidente del senado marroquí, Enaam Mayara, de este mismo mes de abril, considerando ambas ciudades autónomas como espacios “ocupados” y planteando un escenario futuro para su “recuperación”, instando a los marroquíes residentes en España a entrar en política para poder hacer ‘lobby’ en este sentido.

Con todo, Marruecos ha encontrado en el Gobierno de Sánchez a un aliado destacado en el ámbito internacional. Así se reflejó el pasado mes de enero, cuando los socialistas españoles -en contra de la mayoría de la cámara, pero de la mano de los eurodiputados de Marine Le Pen- votaron en contra a una resolución aprobada por el Parlamento Europeo muy crítica con Rabat, por su supuesta implicación en la trama de sobornos para ganar peso político en las instituciones europeas.

30 millones anuales

Concesiones de calado en el ámbito diplomático, pero no las únicas que ha hecho España en favor de Marruecos en los últimos años. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han destinado 30 millones de euros anuales rumbo a Rabat con el objeto de sufragar los gastos de la gestión migratoria en la frontera. Unas partidas que no se han visto alteradas ni en los peores compases de la crisis entre ambos países, ni siquiera después de que el reino alauí propiciara la entrada a Ceuta por vías irregulares de miles de personas -aún no hay datos oficiales sobre el número-.

Con estos fondos, España abona conceptos como el “abono de dietas e incentivos al personal desplegado y personal comisionado para la vigilancia de fronteras”, el “mantenimiento y reparación de infraestructuras”, los “gastos derivados del patrullaje y vigilancia terrestre, marítima, costera y de litoral”, el “retorno de inmigrantes que se encuentren irregularmente en territorio marroquí” o la “detección del COVID-19 del personal desplegado”, entre otros.

Jaïda S.A.

Atendiendo al ámbito presupuestario, España también ha regado con fondos millonarios a instituciones próximas a Mohamed VI. El caso más destacado lo representa la concesión de un préstamo por valor de 20 millones de euros a la empresa Jaïda S.A., a la que también se le hizo una donación de un millón de euros. Se trata de una compañía que pertenece al Grupo CDG Caisse des Dépôts et Gestion, una institución financiera pública que, desde el pasado 13 de julio, está dirigida por Khalid Safir, hombre de la máxima confianza del monarca alauí.

El Gobierno español justifica estas inyecciones financieras en el “apoyo a la inclusión financiera en Marruecos”, con el objetivo de sufragar la “creación de productos para financiar y apoyar los ecosistemas de cooperativas en Marruecos” y la “extensión de la actividad de JAIDA, S.A. hacia la financiación de la economía social y solidaria en Marruecos”.

España, además, ha suministrado a Marruecos vehículos por un importe millonario, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea dedicado a la gestión fronteriza. En concreto, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP) -que últimamente ha sido noticia por la dirección de uno de sus proyectos en África por parte de un general de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Mediador’- ha gestionado la compra para Marruecos de 18 camiones cisterna, 220 vehículos todoterreno, 130 vehículos con rejilla (para proteger los cristales) y 18 camiones para el transporte de tropas, así como cinco embarcaciones semirrígidas.

A todo ello habría que sumar 65 cámaras térmicas con posicionador adquiridas en el mismo concepto, 98 cámaras-visores térmicas portátiles, 25 visores de visión nocturna y diverso material de telecomunicaciones náuticas. Actualmente, también se está gestionando la compra de quads y buggies para el reino alauí por valor de 5,4 millones de euros.

Control migratorio

Concesiones, todas ellas, que por el momento se han traducido en un control fronterizo más estricto por parte de Marruecos. La mano de hierro de los gendarmes del reino alauí devino en la tragedia de Melilla, en la que 23 inmigrantes subsaharianos perdieron la vida en un intento por acceder en territorio español. Las fuerzas del país vecino también evitaron este mismo mes de marzo que cientos de personas llegaran a la divisoria entre ambos países, si bien España cerró el tráfico cerrado en el paso de Ceuta para evitar la permeabilización del acceso.

Más allá de esa gestión migratoria, España presume de haber alcanzado una serie de acuerdos con Marruecos en la Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebró en Rabat a principios de febrero, que por el momento no tienen una aplicación inmediata; la misma reunión en la que Mohamed VI, en el último momento, telefoneó a Pedro Sánchez para justificar su ausencia, evitando así la foto entre ambos mandatarios que se barruntaba en el mundo diplomático y que hubiese supuesto el broche simbólico a esta “nueva etapa” en las relaciones a ambos lados del Estrecho.

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