El general de división de Intendencia, Joaquín Pérez-Íñigo, ha enviado un recurso a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que reconsidere su cese que firmó el pasado 7 de mayo como subdirector general de Servicios Económicos y Pagadurías, según informaron en exclusiva fuentes militares a Vozpópuli. Una portavoz de Defensa declinó confirmar dicha iniciativa a preguntas de este periódico.
Pérez-Íñigo entregó este recurso de reposición, y no el de alzada, porque fue la propia ministra la que firmó su destitución cuando debería haber sido la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, su superiora jerárquica. De ahí que con Robles se agote la vía de reclamación dentro del Ministerio antes de interponer una demanda contencioso-administrativa, previsiblemente en la Audiencia Nacional, contra la propia Robles.
El recurso de este general de división en activo es completamente inusual y no hay muchos precedentes en las últimas décadas entre oficiales de alta graduación. El caso más conocido durante el mandato de Robles ha sido el del vicealmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, quien en 2019 consiguió que el Tribunal Supremo anulase su pase forzoso a la reserva y revirtiese su cese como subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral, encargado de las oposiciones militares. Fernández de Córdoba dependía también orgánicamente de Valcarce, por aquel entonces directora general Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Las citadas fuentes subrayan que Pérez-Íñigo ya tuvo "roces" con Valcarce en aquella época. Mientras que el responsable de Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio era "muy estricto en las contrataciones", la directora general "iba por delante de los compromisos" al comprometer desfiles, ferias de enseñanza o tiradas de libros antes de cerrar el gasto.
Así que cuando Valcarce ascendió hace un año en la cúpula de Defensa para ocupar el puesto de subsecretaria, estos problemas con Pérez-Íñigo se acrecentaron. "Iban descoordinados. El procedimiento se cumplía, pero el general no paraba de exigir que se cumpliesen todos los pasos en una contratación. No le gustaban las formas", resumen las citadas fuentes sobre el choque entre la subsecretaria y su subordinado.
Pérez-Íñigo llevaba en el cargo casi siete años. Fue nombrado en julio de 2014 y se ha mantenido en el puesto con tres ministros -Pedro Morenés, María Dolores de Cospedal y la citada Margarita Robles-, de ahí que compañeros suyos en Defensa subrayen a Vozpópuli su "intachable expediente" durante estos años.
Robles y Valcarce solventaron esta incómoda situación para la segunda con el cese el pasado 7 de mayo de Pérez-Íñigo y su sustitución por la coronel María Teresa Gordillo. Lo más llamativo de este nombramiento es que esta última pertenece a Intervención -dedicado al control interno y la auditoría de los pagos- mientras que el general era de Intendencia -donde se hace el planeamiento previo de los recursos económicos-, de ahí que esta elección haya provocado malestar en los oficiales de este último cuerpo militar por ser contraria a la tradición, según desveló El Confidencial Digital.
Robles y Valcarce concatenan polémicas
En las últimas semanas, Valcarce -y por extensión Robles- están concatenando polémicas dentro de los Cuerpos Comunes, que dependen orgánicamente de la Subsecretaría. Por ejemplo, el general de brigada médico José María Delgado Pérez, actual jefe de Sanidad dentro del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), envió en mayo un escrito a Robles en el que cuestionó la idoneidad del nuevo jefe provisional de la Inspección General de la Sanidad Militar (IGESAN), el general de brigada farmacéutico Juan José Sánchez Ramos.
La decisión de Robles el pasado 20 de abril de cesar al anterior jefe de la Sanidad Militar, el general de división médico Antonio Ramón Conde Ortiz, provocó entonces un terremoto dentro de este órgano de los Cuerpos Comunes ya que, por primera vez, se colocó a un farmacéutico al frente de la IGESAN aunque fue "en comisión de servicios", es decir de forma temporal. Una situación muy similar a la que se ha vivido en la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías con el cese de Pérez-Íñigo.
Aquel relevo en la IGESAN llevó al general Delgado a quejarse por escrito a la cúpula de Defensa después de que la asesoría jurídica del Ministerio validase dicho nombramiento. Vozpópuli no pudo averiguar si la carta se remitió a Valcarce o a la propia ministra Robles.
Además, Conde Ortiz se negó en abril a destituir al general de brigada Julio Francisco Pérez Mochales tras una orden de Valcarce por la polémica vacunación en el cuartel general de la Armada, según reveló este periódico.
Quejas en el hospital 'Gómez Ulla'
Por último, el hospital militar 'Gómez Ulla' inició a mediados de junio la vacunación de 650 deportistas extranjeros y periodistas españoles que irán a competir y cubrir informativamente los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de quejas internas por este trabajo ordenado por Valcarce.
Fuentes militares subrayaron entonces que el 'Gómez Ulla' debería encargarse de vacunar al personal sanitario o militar de las Fuerzas Armadas, pero no a civiles que forman parte de "entidades privadas", caso de la Selección española de fútbol o el Comité Olímpico Español (COE). El dispositivo enviado a Las Rozas para vacunar a la 'Roja' ya provocó malestar en el centro hospitalario.
