Los cuatro encapuchados sabían cómo debían actuar. No les importó que el furgón estuviera en una vía concurrida de Madrid. Tampoco que fuese una hora de intenso tráfico o con la posible presencia de viandantes. Se lanzaron con sus revólveres contra el vehículo de una empresa de mensajería y se la llevaron con todo su contenido. Hicieron todo lo necesario para no dejar rastro. A bordo de la furgoneta había material sensible: los dispositivos electrónicos de los Pujol que la Justicia les había intervenido varios años atrás, en uno de los casos más mediáticos del panorama nacional de los últimos tiempos.
Ordenadores, tabletas electrónicas, dispositivos de almacenamiento y teléfonos móviles de los Pujol Ferrusola. Todo eso voló en el asalto al furgón. El episodio ocurrió hace más de un año, el 23 de noviembre de 2020, pero no se ha conocido hasta ahora, tras el archivo de la denuncia. Los pormenores del robo se sostienen entre la eficacia de los asaltantes y el silencio que ha envuelto el caso durante todo este tiempo.
Para comprender la envergadura del robo es necesario algo de contexto. El nombre de Jordi Pujol es de sobra conocido, presidente de Cataluña durante más de dos décadas. También el recorrido judicial que él y su familia han vivido en los últimos años, en el llamado Caso Pujol. Se les atribuye varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, la asociación ilícita o la falsedad documental, entre otros. La complejidad de las investigaciones han dilatado el caso por largos años. Aún hoy no se ha escrito el capítulo final. La Fiscalía Anticorrupción solicita dilatadas penas de prisión para el propio expresident y su familia más cercana.
La investigación a los Pujol
Siguiendo el procedimiento habitual y con el ánimo de aclarar los hechos, la Audiencia Nacional ordenó la intervención de los terminales electrónicos de los Pujol. Aquello ocurrió en 2014 y desde entonces se ha analizado su contenido en busca de material que sea útil para la causa. La representación de la familia investigada, no obstante, manifestó su malestar por la decisión judicial: no tardó en reclamar la devolución de todos los aparatos, esgrimiendo que albergaban información personal que no tenía nada que ver a la causa, y que era de justicia que se les devolviese a los afectados.
El juez accedió a las peticiones y ordenó a los abogados de los Pujol que gestionasen la devolución de los terminales que se almacenaban bajo custodia
Así las cosas, el juez accedió a las peticiones y ordenó a los abogados de los Pujol que gestionasen la devolución de los terminales que se almacenaban bajo custodia judicial. La devolución, en principio, no requería una complejidad especial. Se encomendó la labor a la empresa de mensajería MRW, que debía trasladar el material hasta Barcelona. Pero los teléfonos, tabletas, ordenadores y dispositivos de almacenamiento nunca llegaron a buen destino.
El asalto
La furgoneta discurría por la vallecana Avenida de Entrevías, en Madrid. Ya había anochecido: eran las 19.45 del 23 de noviembre. El vehículo gestionaba varios envíos y esa tarde se encaminaba hacia una base logística de MRW en la capital. Desde ahí se articulaban los transportes a diferentes puntos de España. Entre las cajas estaban los paquetes que contenían todo el material informático de los Pujol. De acuerdo a la información adelantada por El Periódico, una quincena de pendrives, ocho ordenadores, monitores, teléfonos móviles, tarjetas de memoria y tabletas electrónicas.
Al conductor del furgón le sorprendió la violencia con la que los encapuchados se lanzaron contra él. Venían de un vehículo de grandes dimensiones y de color oscuro. Con las armas en la mano, reventaron los cristales de la furgoneta de MRW y tiraron al suelo al operario de la empresa de mensajería. Los asaltantes se montaron a bordo de los dos vehículos y emprendieron la huida a gran velocidad.
Sabían qué tenían que hacer. Si habían sido eficaces en el asalto, los encapuchados también lo fueron en la gestión posterior. Los furgones de MRW cuentan con un dispositivo GPS que facilita su búsqueda en caso de robo o extravío, pero los ladrones lo arrancaron y lo arrojaron a la vía pública. No se supo nada de la furgoneta hasta que no fue localizada en un descampado. Quemada y sin la mercancía a bordo.
El material sensible, desaparecido. La denuncia, archivada. Un asalto de película en una zona concurrida de Madrid, en hora punta, y que no se ha conocido hasta un año después. Todo ello constituye, probablemente, uno de los últimos episodios del Caso Pujol, del que aún faltan por escribir -al menos- su resolución judicial.
