La defensa del expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha solicitado su absolución en el caso de las tarjetas opacas, al considerar que su uso era una práctica plenamente aceptada cuando accedió al cargo, que estaba incluida en su contrato y era conocida por Hacienda y por los supervisores.
En un escrito presentado en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso la agencia Efe, la defensa de Rato alega que "la entrega y el uso" de dichas tarjetas por parte de consejeros y directivos era una práctica "notoria" en Caja Madrid, establecida antes de su llegada a la entidad y en la que Rato "no tuvo ninguna participación" en su puesta en marcha.
El escrito señala que la tarjeta fue entregada al exvicepresidente del Gobierno por la misma persona que firmó su contrato, para que le diera un uso "que se ajustaba plenamente a las previsiones establecidas en él", y con esa conciencia Rato la utilizó. Posteriormente, cuando Bankia comenzó a revisar los cargos efectuados con las tarjetas, Rato procedió a devolver "de manera voluntaria y espontánea" 54.837,12 euros correspondientes a gastos de 2011 y 2012 directamente a la entidad y otros 44.000 euros de 2010 en las cuentas de la Fundación Monte de Piedad de Madrid.
Entre los pagos efectuados por Rato con la tarjeta de Caja Madrid figuran 3.547 euros en bebidas alcohólicas en un solo abono
Además, alega la defensa, que el uso dado a estas tarjetas era "plenamente conocido" por los diferentes órganos de gobierno de la caja, así como por los auditores internos y externos, Hacienda y "las autoridades supervisoras", que tenían "acceso a las actas". Por todo ello, la defensa considera que no existe delito y pide la libre absolución de Rato.
Entre los pagos efectuados por Rato con la tarjeta de Caja Madrid figuran 3.547 euros en bebidas alcohólicas en un solo abono, 2.000 euros en una tienda de arte sacro y más de 2.000 euros en locales de ocio nocturno en cinco días, además de 16 retiradas en efectivo de 1.000 euros tres meses antes de dimitir como presidente de Bankia.
Indicios de delito
La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia, que entre enero de 2003 y mayo de 2012 las utilizaron para gastar 15,25 millones.
El pasado 1 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la apertura de juicio oral, al reconocer indicios suficientes de administración desleal por parte de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.
Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cuatro años y medio para su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato, unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente. En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.
