Las reuniones de Fernando Simón, los expertos en los que se apoyó el ministro Salvador Illa para gestionar la pandemia del coronavirus, los vuelos de Pedro Sánchez en Falcon, las multas por incumplir las restricciones durante el estado de alarma, las compras de material sanitario... Son algunos de los diversos conflictos que mantiene abiertos el Gobierno central con el Consejo de Transparencia, un ente público nacido en 2014 precisamente para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de interés público ante la opacidad en la que a menudo incurren las administraciones.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente que se integra dentro de la Administración General del Estado. La mayor muestra de la independencia de la que goza es, precisamente, su capacidad de litigar con cualquier administración o ente público de España que se niegue a dar cuenta de la información el que Consejo de Transparencia reclama mediante una resolución administrativa, en primer lugar, o, en última instancia, por medio de una sentencia en los tribunales: es decir, la administración contra la propia administración.
Pese a la existencia de este ente, tanto la administración central como las autonómicas empeoran cada año en términos de transparencia. En el último lustro, han caído 30 puntos en la media del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CTBG. La opacidad aumenta al tiempo que lo hacen las peticiones de información, y en el caso del Gobierno se han disparado en más de un 60% desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Y la tendencia se ha mantenido durante la pandemia, cuya gestión ha elevado el número de peticiones de información relativas al Ministerio de Sanidad.
Silencio -administrativo- sobre la gestión de la pandemia
Sanidad acumula varias solicitudes de información sin cumplir desde el estallido de la pandemia. Entre otras, sobre compras de material sanitario. En otra de sus resoluciones, el Consejo de Transparencia insta al departamento de Salvador Illa a que facilite documentación sobre los protocolos seguidos por el resto de ministros en el supuesto de contagio o los informes que avalaron que miembros del Gobierno incumplieran la cuarentena para asistir a un Consejo de Ministros, como fue el caso de Pablo Iglesias.
El Gobierno ha evitado proporcionar información sobre su gestión de la pandemia, como los protocolos seguidos por los miembros contagiados de covid o las compras de material sanitario
Transparencia reclama a Sanidad, además, que satisfaga la solicitud de "los informes recibidos en el Ministerio procedentes de otros organismos nacionales o internacionales relativos a la pandemia del COV/019 recibidos desde diciembre de 2019 hasta la actualidad", o "la reunión mantenida con diferentes expertos, entre ellos miembros de la Organización Médica Colegial el 30 de enero de 2020", según consta en la resolución R/0358/2020;100-003840, emitida el pasado mes de septiembre y consultada por Vozpópuli.
Los expertos en covid de Salvador Illa y Fernando Simón
La propia actividad del ministro de Sanidad ha sido objeto de una petición de información a través del Consejo de Transparencia ante el silencio administrativo por parte del Ministerio. Transparencia ha instado a Sanidad a que proporcione "el listado completo de todas y cada una de las reuniones mantenidas por el ministro" Salvador Illa durante todo el 2020, así como si los encuentros fueron presenciales o telemáticos, y la identidad de los participantes.
Transparencia ha pedido a Sanidad que proporcione las agendas oficiales de Salvador Illa y Fernando Simón, lo que permitiría conocer la identidad de todos los expertos que han asesorado al Gobierno durante la pandemia
Del mismo modo, otra resolución insta Sanidad que dé a conocer la agenda oficial del director del Centro del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, desde el pasado 1 de enero, lo que permitiría conocer la identidad de de los miembros del comité de expertos que asesoró al Gobierno durante la primera ola de la pandemia. Según publicó Vozpópuli hace unos días, el Ministerio de Sanidad dice ahora que eran nueve y nos seis -como antes sostenía- los expertos que conformaron dicho comité, aunque no revela el nombre de todos ellos.
Las multas de Interior durante el estado de alarma
El Ministerio del Interior también cuenta con diversas demandas de información relacionadas con la gestión durante la pandemia. Entre ellas, la petición del número total de propuestas de sanción efectuadas durante el estado de alarma, así como sus motivos y cuantías. A fecha de 31 de julio de este año, la última actualización del seguimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia, no constaba que el Ministerio del Interior hubiera respondido satisfactoriamente a la solicitud de unos de unos datos que negó en un primero momento. Tampoco contestó a otras tantas peticiones de documentación acerca de compras de material sanitario.
Interior también ha rehusado aportar información sobre compras de material sanitario o propuestas de sanción durante el estado de alarma
Al margen de la pandemia, Interior sigue teniendo pendientes otras tantas deudas con Transparencia. Uno de los ejemplos más conocidos es de las medallas policiales otorgadas por este Ministerio. Desde hace años, el Sindicato Unificado de Policía denuncia que las condecoraciones han sido utilizadas para realizar "pagos de favores" a determinados mandos. De momento, Interior sigue sin facilitar una lista completa. Tampoco informa sobre los "vehículos dados de baja, históricos y de colección del Cuerpo Nacional de Policía". Y así, un sinfín de datos que comprometen la imagen del Gobierno.
Los vuelos "reservados" de Pedro Sánchez en el Falcon
El celo con el que el Ejecutivo custodia según qué información tiene un límite: el que marca la Ley de Transparencia. La negativa del Gobierno a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia pueden llegar a terminar en los tribunales, como ha ocurrido con el expediente que concierne a los vuelos de Pedro Sánchez en el Falcon. Los recurrentes viajes en avión del presidente son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo contra el Gobierno a instancias de Transparencia, que recurre a la Justicia como última opción para hacer cumplir la legislación.
El Consejo de Transparencia ha llevado a los tribunales al Gobierno por los vuelos de Sánchez en el Falcon: una información que el Ejecutivo deniega por ser "reservada" pese a que Calvo, Marlaska y Ribera no han tenido inconveniente en hacer públicos sus viajes
Varias resoluciones instan al Gobierno a informar sobre los vuelos de Pedro Sánchez, tanto en el marco de su agenda presidencial como "en desplazamientos ajenos a su condición" de jefe del Ejecutivo "y copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos oficiales, si los hubiere". El Gobierno esgrime que esta información es "reservada", a pesar de que otros miembros del Ejecutivo -Carmen Calvo, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera- no han tenido inconveniente en hacer públicos sus viajes, dejando así a Sánchez sin argumentos.
