De los 100 mayores perceptores de fondos europeos para el Plan de Recuperación, todos son organismos públicos o compañías industriales excepto uno: Save the Children. Esta ONG de la infancia ha recibido una subvención de 7,3 millones de euros de la partida `Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, más precisamente, gestionar el acceso al Ingreso Mínimo Vital e incrementar su efectividad, un doble objetivo que según informaciones recientes no se ha cumplido. El próximo mes se evaluará el resultado de la gestión de Save the Children, una entidad cercana al presidente Sánchez y con donantes de postín del sector financiero y corporaciones multinacionales como JP Morgan, Amazon, Pfizer o Bulgari.

Esta organización del tercer sector, que durante seis años presidió José Miguel Contreras, muñidor periodístico en la Moncloa de Zapatero y en la actual, celebraba en 2015 que Pedro Sánchez hubiera incluido en el programa electoral del PSOE su propuesta de aumentar la prestación por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil. Y una de las primeras salidas de Sánchez desde su llegada a la Moncloa en 2018 fue para visitar un centro de Save the Children en Vallecas (Madrid), donde el presidente del Gobierno trató con cierta familiaridad al director de la entidad, Andrés Conde, permitiéndose una alusión pública a sus dos hijas, de las que dio las edades. Desde entonces, la ONG asesora o está muy cercana al Gobierno en las políticas de infancia como se apreció en su campaña, junto al pianista James Rhodes, pidiendo en 2021 el voto a favor de la ley de protección a la infancia o hace breves semanas con su inclusión en un comité de expertos aprobado por el Consejo de Ministros el martes pasado.

La misión exacta que haya cumplido esta organización dedicada a niños en situación de marginalidad en la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante 2022 y 2023 está descrita, no de forma coincidente y siempre con la jerga administrativa eufemística al uso, tanto en la resolución ministerial por la que recibió 7.302.252,00 €, como en la abundante literatura emanada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El texto del BOE sobre el convenio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la ONG habla de que se trata de fomentar “el crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital”, algo que el Plan de Recuperación describe como `Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo´, y todo ello dentro del paquete de `Fondos del Plan de Recuperación destinados a digitalización´.

Sea cual fuere el papel que ha jugado esta organización no gubernamental y cómo haya gestionado el acceso al IMV, sobre esa gran iniciativa social del Gobierno devenida en fracaso -solo el 5% de las personas sin hogar consiguen esa ayuda-, resulta ilustrativo que hasta un reciente editorial de El País advierta que el hecho de que la población “más vulnerable siga sin acceder a la ayuda obliga al Gobierno a facilitar su tramitación”. Facilitar la tramitación era la encomienda recibida por la organización protectora de la infancia que, una vez finalizada su labor, tendrá que someterse el próximo mes de marzo a una evaluación de los resultados de sus “proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social (…) mejorando la tasa de acceso al IMV e incrementando la efectividad del IMV”, según rezan las cláusulas del convenio que regula la subvención recibida.

Pese a todo, la comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Económicos sobre los 100 mayores perceptores de fondos europeos, menciona específicamente a Save the Children, Cámaras de Comercio y Cruz Roja “como entidades gestoras de las ayudas a los perceptores finales”. No obstante, esta ONG no da cuenta precisa de la subvención de 7,3 millones de fondos europeos en su web, ni en la Memoria 2022, ni en las cuentas anuales, ni en la auditoría, correspondientes al ejercicio 2022, en el que declara unos ingresos de 40,6 millones € por actividades mercantiles más 25 millones por subvenciones públicas, expresando todos esos conceptos en su cuantía total sin desglosar.

Las cifras de un presupuesto de 65 millones de euros, con 148.699 socios, 440 empleados con retribuciones anuales de 36.925 a 17.277 € más gastos por la actividad, 516 voluntarios y más de 600 empresas colaboradoras, dan idea de la dimensión de la Fundación Save the Children, afiliada a Save the Children International, que en su Plan Estratégico se define como organización “influyente en la defensa de derechos de la infancia en la agenda política y social”, así como “referente en el diseño y la ejecución de campañas integradas: con objetivos de cambio en las políticas, movilización social y captación de fondos”. Impregnados todos los textos de la ONG del lenguaje inclusivo con continuo desdoblamiento de género a base de niños y niñas, entre sus objetivos no falta el de “Promover relaciones sociales igualitarias y transformadoras que rompan las normas de género discriminatorias y eliminen el sexismo, transmitiendo a niños, niñas, adolescentes y familias modelos positivos y diversos de feminidad y masculinidad”.

La captación de fondos es una actividad tan destacada de esta entidad, que le dedica casi el 17% de su presupuesto, con un resultado brillante a la vista de las entidades colaboradoras y numerosos donantes, desde Fundación Telefónica-Profuturo, con 536.131,19 €, a Sandos-Papagayo Arena con 9.893 euros. En el cuadro anterior aparecen algunas de las firmas donantes de dimensión global del mundo empresarial y financiero y de la filantropía de grandes fortunas, como es el caso de la Stavros Niarchos Foundation.

Todo el entramado societario para gestionar semejantes recursos y actividades sin ánimo de lucro y también mercantiles, depende de un equipo profesionalizado más propio de una compañía industrial que de una organización no gubernamental dedicada a la infancia desprotegida. Algo más de la mitad de los ocho miembros del equipo de dirección y de los trece que componen el patronato de la Fundación, tienen titulación en Economía y Empresariales, junto a postgrados y máster en escuelas de negocios de elite, siendo el resto juristas o ingenieros.

Ese grupo de directivos suficientemente preparados y conocedores del mundo de los negocios y de las relaciones con el poder, aporta a Save the Children el dinamismo necesario como entidad influyente en “la agenda política y social”, según sus propias palabras. Así ha quedado patente cuando en vísperas del último Consejo de Ministros Pedro Sánchez anunció la creación de un panel de 50 expertos que genere “un entorno digital seguro para la juventud y la infancia”, del que ya adelantó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que formarían parte, entre otros, la Agencia Española de Protección de Datos, la Asociación Española de Pediatría y Save the Children. En la labor de ese comité de expertos llevará la voz cantante Protección de Datos, que acaba de publicar el documento Menores, salud digital y privacidad, aunque se trata de una iniciativa en gestación desde hace meses, cuando un grupo de entidades, entre ellas Unicef y la ONG cercana a Sánchez, propusieran un pacto de estado para proteger a los menores en internet y en redes sociales.  

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