El Tribunal Supremo ha admitido la demanda del magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra, por llamarle prevaricador. La Sala de lo Civil ha dado luz verde a la admisión de esta demanda por parte del que fuera juez de la Audiencia Nacional, que denunció una vulneración de su derecho al honor tras las acusaciones vertidas contra él por la secretaria general de la formación morada.
En su auto, los magistrados de la Sala Primera sustancian la demanda por los trámites del juicio ordinario, a la par que emplazan a la parte demandada y al Ministerio Fiscal para que contesten en un pazo de 20 días. Cabe recordar que antes de la admisión de dicha demanda, la Fiscalía se pronunció a favor de la competencia del alto tribunal para conocer los hechos.
Del mismo modo, el Tribunal Supremo explica que la Sala Primera tiene "jurisdicción y competencia objetiva" para conocer lo denunciado por el que fuera magistrado en la Audiencia Nacional hasta su jubilación hace apenas unos meses.
Además, apercibe a la líder de Podemos de que si no comparece dentro del plazo indicado "se le declarará en rebeldía procesal" y le advierte de que su comparecencia en juicio debe hacerse por medio de procurador y con asistencia de abogado.
Derecho al honor de García Castellón
El togado solicita para Belarra una indemnización de 240.000 euros por los daños morales causados al llamarle "corrupto" y "prevaricador". García Castellón actúa contra la política de la formación morada por unos mensajes publicados en la red social 'X' (antes Twitter) los días 2 y 20 de septiembre en la que le acusó de prevaricar con sus resoluciones.
"Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", escribió Belarra en su cuenta personal.
García Castellón solicitó que se declarasen tales publicaciones como una intromisión ilegítima en su derecho al honor y que se reconociera el "daño moral" causado con tales acusaciones. En su ampliación de demanda elevó la indemnización solicitada a 240.000 euros.
Acusaciones también del Gobierno
La demanda reclama además que se le obligue a publicar el contenido de la sentencia en la red social donde le acusó de prevaricar y que se le condene en costas. Cabe recordar que el magistrado ya tuvo que solicitar el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el año pasado tras acusarle la ministra de Energía, Teresa Ribera, de tener "cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección", que saca a relucir "en momentos sensibles".
La ministra se refirió a las actuaciones del magistrado en plena instrucción del caso Tsunami y, en concreto, de la investigación a Carles Puigdemont, que coincidió con la negociación de investidura de Pedro Sánchez.
El CGPJ salió en defensa del magistrado jubilado y dijo que dichas manifestaciones eran "contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho".
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