Ya se ha terminado, pero la rave de La Peza, en Granada, ha dado (y sigue dando), mucho de qué hablar: parecía que no tenía final. El municipio granadino, de 1.120 habitantes, ha visto como durante seis largos días su población ha llegado incluso a multiplicarse por seis. Una fiesta que empezó el día 30 de diciembre, con el objetivo de celebrar el Año Nuevo, y que se terminó, casi por sorpresa porque los organizadores no descartaron en ningún momento que se alargara hasta el día de Reyes, seis días después, este mismo miércoles.

Estas raves suponen un gran misterio, tanto para los alcaldes de los pueblos donde se montan, como para los ciudadanos e incluso para los cuerpos de seguridad, sobre todo porque no se sabe con exactitud quiénes son los organizadores y cómo se 'monta' el evento.

Las fuentes policiales consultadas por Vozpópuli explican que estos eventos, que siempre se organizan de manera ilegal, cuentan normalmente con dos vertientes bien diferenciadas. La primera de ellas está formada por las menos organizadas y que se pueden concretar los detalles en grupos de WhatApp o en Instagram. Suelen reunir a cerca de un centenar de jóvenes con altavoces donde no se cobra la entrada ni hay venta de bebidas ni comida. No se prolongan en el tiempo más de un día o dos y son las que más se celebraron durante la etapa de restricciones de la pandemia.

La otra vertiente, y más conflictiva, es mucho más organizada. La difusión de estas 'rave' se produce a través de grupo de Telegram, una forma más restrictiva que busca salirse del control de las autoridades. Su objetivo es conseguir beneficios.

En ellas se pueden comprar desde bebidas, comidas y drogas, con lo que consiguen un gran montante económico. Los emplazamientos de las mismas no se conocen por los asistentes hasta pocas horas antes con el objetivo de que no se filtre. Por contra, los altavoces, escenarios y demás con los que cuentan son de gran calidad por lo que sus organizadores tienen un alto poder adquisitivo para poder desarrollarlas. En muchos casos tienen su público en el extranjero que viaja a España solo para disfrutar de varios días de espectáculo con drogas y alcohol.

Poco se suele saber sobre quiénes están detrás de estas raves ilegales y quiénes las organizan. Las mismas fuentes oficiales explican que según sus investigaciones detrás de ellas se suelen encontrar personas relacionadas con el ocio nocturno e incluso extranjeros. Pero suelen permanecer en el anonimato por las implicaciones legales que tienen estas fiestas: se limitan a organizar y a convocar a músicos, técnicos y DJs.

Más allá de las drogas: los daños de las raves

Aparte de carecer de los permisos necesarios para poder celebrarse, las raves suelen ocasionar diversos problemas comunitarios, pese a que en este caso los vecinos de La Peza hayan asegurado para algunos medios de comunicación que no tienen problema en que la fiesta continúe unos cuantos días más porque no les causa ninguna molestia.

Principalmente, los vecinos se enfrentan a problemas de ruido constante por la música. El propio alcalde de La Peza, Fernando Álvarez, explicó a EFE estos días que la música y el ruido de la fiesta era "sobrellevable pero cansino" y que los participantes han ocupado el paraje municipal con todos los víveres que necesitan, por lo que no han generado un impacto económico en la localidad que beneficie a sus vecinos.

Estas fiestas, también suelen suponer un problema de basura, pues los participantes generan muchos residuos que luego no se recogen. Además, los vecinos suelen sufrir incomodidad por la constante presencia de controles policiales en la zona. Sin embargo, la gran preocupación de los habitantes del pueblo granadino todos estos días ha sido los problemas de acceso, colapsados hasta que hace unos días la Guardia Civil tomó el control. Sin embargo, muchos alcaldes de municipios que han sufrido alguna de estas raves cuentan que, en líneas generales, no suele haber problemas de inseguridad o destrozos a sus ciudades.

Contando con las restricciones de la pandemia, los 'cabecillas' de estos eventos se podrían enfrentar a multas de hasta 60.000 euros. Otros muchos han sido identificados, ya que los eventos, lógicamente, no cuentan con las garantías de seguridad necesarias y ocupan un espacio público o privado de forma ilegal. Estos actos ilícitos se pueden considerar desobediencia a la autoridad, contra el medio ambiente, contra la salud pública y contra la propiedad intelectual. También se les pueden aplicar el incumplimiento de la Ley de Espectáculo regionales.

Otros casos en España

No es este el único caso de rave que se ha organizado en España: en nuestro país se han celebrado numerosas fiestas como esta, en general en estas mismas fechas, y algunas en verano. Sin ir más lejos, este mismo agosto tuvo lugar una de estas fiestas junto al embalse de Santa Teresa, en Salamanca, donde la Guardia Civil denunció a siete personas por infracciones de montes, de aguas, de incendios o de sanidad animal.

Tan solo unos días antes, en el municipio zamorano de Salce se organizó una rave que acabó con 412 denuncias, 63 de ellas por conducción bajo los efectos de drogas, y detuvo a cinco de los más de 2.000 participantes de estética hippie llegados de toda Europa. Además, una mujer suiza de 32 años con una patología cardíaca previa falleció, aparentemente por causas naturales.

Hace un año, la Guardia Civil desalojó una "rave" no autorizada que reunió a numerosas personas con vehículos y caravanas en una cantera de yeso abandonada en el paraje de El Hueli de Sorbas (Almería), donde se montaron carpas y escenarios con música. Fue en plena covid y los agentes levantaron actas administrativas por infracción de las medidas sanitarias. Los organizadores forzaron la puerta de entrada a la cantera y que el Ayuntamiento no tuvo conocimiento de lo que ocurría hasta que una fuerte música comenzó a llegar al pueblo.

A principios de junio de 2021, unos 600 jóvenes de varios países se reunieron durante el fin de semana en un paraje de Aznalcóllar (Sevilla) para celebrar una fiesta "rave" en la que se produjeron unas cien denuncias por distintas irregularidades, entre ellas incumplimientos de las medidas de protección contra la covid. En esa ocasión, la Policía Local identificó a un centenar de jóvenes que, además de las medidas contra la covid, incumplían otras como la que impedía encender hogueras en el período de máximo peligro de incendios forestales y el Ayuntamiento recogió en la zona dos camiones de basura que los participantes, en ese caso, sí dejaron en el paraje natural.

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