"Agradezco su interés en mi persona y, como no puede ser de otra forma cumplo con mi obligación constitucional, de comparecer ante esta comisión de investigación del Senado. Sin embargo, y con todo respeto a sus señorías y a su trabajo, y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen, acogiéndome a mi derecho a no declarar".
Así ha descartado María Cristina Álvarez, la trabajadora de Moncloa adscrita a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno al servicio de Begoña Gómez, declarar en la comisión que investiga el caso Koldo y sus ramificaciones en el Senado. Así, Álvarez, a quien el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar el 20 de diciembre, ha quedado a merced del aluvión de acusaciones de los senadores de PP y Vox. Y condenada a permanecer como un convidado de piedra.
Como quedó rocambolescamente atestiguado en unos correos aportados por la defensa de la mujer de Pedro Sánchez a Peinado, Álvarez gestionó con la Universidad Complutense de Madrid –siempre en nombre de Gómez– la inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual del software de medición que se desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía. También la firma de un pliego para una contratación pública de este centro público universitario madrileño relacionada con este programa informático.
"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", trasladó María Cristina Álvarez a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale Seguros, el pasado 8 de febrero. Un extremo visto por los investigadores como una orden directa de Begoña Gómez, que habría aprovechado su estatus de mujer del presidente del Gobierno. Sobre todo esto –amén de las reuniones entre Gómez y Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama– ha sido preguntada, sin éxito, la asesora de Moncloa.
"Todas las parejas de los presidentes"
Fue la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien este jueves reconoció que María Cristina Álvarez ejerce funciones de asistencia personal para la mujer de Pedro Sánchez. Algo de lo que, remarcó Alegría, habrían gozado "todas las parejas de los presidentes". Una persona que "colaboraba en sus tareas de organización, logística y asesoramiento" y hacía más fácil el desempeño de la oficiosa, nunca oficial, primera dama española. Llegados a este punto, la ministra portavoz tuvo un desliz, ya que aseguró que esta "figura" existe "desde la época del primer presidente del Gobierno [redoble de tambores], Felipe González".
No obstante, Alegría no sólo obvió a los ucedistas Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, también la respuesta que el Gobierno brindó por escrito a siete diputados del PP el pasado 9 de octubre, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. "El Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno, deja claramente establecido que las acciones de asistencia política y técnica se circunscriben a la actividad del Presidente del Gobierno", contestó sucintamente el Ejecutivo a cuatro preguntas lanzadas desde la bancada popular tres meses antes.
"No, no es verdad que todos los presidentes hayan tenido una persona encargada de trabajar en los proyectos privados de su pareja", responden a Alegría desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo en conversación con este periódico. "El único presidente que ha puesto a un trabajador público a trabajar para su mujer, para pedir dinero a empresas privadas para los proyectos empresariales de su esposa, y para ahorrarle una nómina a la sociedad de su cónyuge es Pedro Sánchez", zanjan.
