El análsis de la documentación remitida por las empresas para las que supuestamente trabajó Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, sigue deparando sorpresa. El último informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía al juez Pablo Ruz destaca que el primogénito del exlíder de CiU encareció por sorpresa una de la comisiones más elevadas que recibió. Jordi Pujol Ferrusola emitió entre 2005 y 2006 tres facturas para cobrar 1,1 millón de euros por intermediar en un negocio de 43 millones. Todas ellas tenían el mismo concepto, pero mientras las dos primeras reflejaban idénticas cuantías, la última era por una cifra superior en 90.000 euros. La UDEF, que califica este último documento de "rara avis", se muestra convencida de que dicho incremento tiene que ver "con una exigencia de última hora" del hijo del expresidente de la Generalitat.
La Policía destaca que un empresario entregó al hijo del exlíder de CiU la millonaria comisión por intermediar entre dos empresas que le pertenecían. "Carece totalmente de sentido"
El extraño episodio se produjo en julio de 2005. Con esa fecha, la Policía ha encontrado una serie de facturas emitidas por Iniciatives Marketing i Inversions, una de las mercantiles utilizadas por Jordi Pujol Ferrusola para cobrar supuestas comisiones irregulares a empresas. El montante de las mismas era elevado: 1,1 millones de euros que dicha sociedad cobró por su supuesta participación en las negociaciones entre dos empresas, Promociones Club de Campo y Golf de Ronda SL y el Grupo Copisa, una constructora con numerosas relaciones con el primogénito del exlíder de CiU. Sobre el papel, el trabajo de éste había sido conseguir que la primera adjudicase a la segunda las obras de urbanización de una zona denominada 'Los Merinos Norte', en la localidad malagueña de Ronda. En apariencia, un negocio sin irregularidades de 43 millones de euros.
Sin embargo, el análisis de la documentación ha permitido concluir a la UDEF que sí las hubo y bastante llamativas. "Lo que carece totalmente de sentido, y entendemos incide en la falsedad de los conceptos facturados, es que se le pague a Jordi Pujol Ferrusola por conseguir para Copisa unas obras de urbanización concedidas por una sociedad en la que el Grupo Copisa es accionista, estando como consejero delegado mancomunado José Cornado Mateu", entonces presidente de la constructora. De hecho, los agentes reproducen en el informe la primera hoja del acuerdo firmado entre las dos empresas en el que este industrial firma en nombre de Promociones Club de Campo y Golf de Ronda cuando también es presidente de la adjudicataria.
Por ello, la Policía destaca en su informe "como corolario irrefutable a enunciar" que "José Cornado Mateu paga a Jordi Pujol Ferrusola para que negocie con José Cornado Mateu la ejecución de unas obras por la nada despreciable cifra de 1.116.891,31 euros". Es en este punto donde los agentes destacan "a mayor abundamiento, la relación de facturas" presentadas por el hijo del expresidente de la Generalitat y que, según señalan, "presentan incongruencias de difícil comprensión dado que las tres responden al mismo concepto siendo una división en tres partidas del mismo hecho". Así, las dos primeras, de fecha 18 de julio de 2005 y 25 de enero de 2006, fueron por 337.497 euros. La tercera y última, de 25 de julio de 2006 "tiene anormalmente la agregación de 90.000 euros al montante habitual", por lo que califican a la misma de "rara avis". La explicación que encuentran es que dicha cantidad extra se corresponda en realidad "con una exigencia de última hora del presunto intermediario Jose Pujol Ferrusola".
Misma empresa, otros 'pelotazos'
En la documentación analizado, los agentes han encontrado otras facturas sospechosas emitidas por el primogénito del expresidente de la Generalitat relacionadas también con Promociones Club de Campo y Golf de Ronda. En concreto, con las que cobró "por las gestiones de intermediario en la operación de compraventa de participaciones" de la misma compañía. Según detacan los agentes, en este caso el negocio movió 71,7 millones de euros, de los que él se llevó una comisión del 0,6%. Es decir, cerca de medio millón de euros. La UDEF no duda de que tal negocio existiera realmente, pero también considera que Jordi Pujol Ferrusola no realizó ninguna mediación en la misma y que la cantidad percibida es, en realidad, "la percepción de una comisión ilegal". De hecho, para la Policía no tiene sentido que el presidente de Copisa, que ya estaba como administrador en la mercantil cuyas acciones adquirían a través de una filial, "remunerada a Jordi Pujol Ferrusola para que intermediara en la compra de una sociedad en la que ya estaba como socio y consejero delegado". El informe incide en que "se desconoce qué tipo de información preferente pudo aportar en este caso concreto" el hijo mayor del exlíder de Convergencia "que no supiera el propio accionista".
Jordi Pujol Ferrusola cobró cerca de medio millón de euros por intermediar en la compraventa de un paquete accionarial. La Policía ha constado que, en realidad, esa labor la hizo otra persona
Para aclarar estos extremos, la Policía citó a testificar a J.J.F, que fue socio y administrador de Promociones Club de Campo y Golf Ronda SL hasta que ésta fue adquirida por el Grupo Copisa en esa operación. Ante los agentes, este empresario aseguró rotundamente que Jordi Pujol Ferrusola nunca intervino en dicha compraventa ya que si lo hubiera hecho, él como socio y administrador, "evidentemente" hubiera estado al tanto. De hecho, aseguró que las gestiones por las que el hijo del expresidente de la Generalitat cobró cerca de medio millón de euros las hizo una tercera persona. J.J.F. reconoció también a los agentes que sufrió presiones por parte de Copisa para que vendiera su participación en la compañía y que lo hizo por las "relaciones de poder" que esta constructora tenía en Cataluña, donde él tiene fuertes inversiones. El empresario incluso mostró su temor a que su nombre se hiciera público "y perjudique sus negocios en Cataluña, temiendo no volver a trabajar" en dicha comunidad. Un temor que también manifestaría más adelante a la Policía una segunda empresaria.
