España

La UE llama al orden a Sánchez y pide información sobre la amnistía que busca pactar con el independentismo

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha enviado una carta al Gobierno en la que no solo pide información sobre el alcance de la ley de amnistía, por la que muestra "serias preocupaciones", sino que también exige que desbloquee la renovación del CGPJ

  • La carta enviada por Reyders a los ministros -

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha pedido información "detallada" al Gobierno español en funciones sobre la ley de amnistía que están negociando el PSOE y Junts, con el apoyo de Esquerra, para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez y sobre la que "se expresan serias preocupaciones", según adelanta EFE. Todo ello llega poco después de que un conjunto de asociaciones encabezadas por Rosa Díez presentara la petición de esta investigación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

"Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista", ha escrito Reynders en una carta dirigida a los ministros de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop.

El comisario "insiste" en la necesidad de que se priorice "sin demora" la gestión del Poder Judicial

El liberal belga apela en la carta también a la "seria preocupación" que despierta la cuestión de la renovación del CGPJ en España, para la que la Comisión Europea ha pedido soluciones "en múltiples ocasiones". Reyders señala que no ha habido progreso en la renovación de este "a pesar de la urgencia" que implica, así como critica que no se hayan tomado medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus miembros a los estándares europeos. Por todo ello, y tras los resultados de las elecciones del 23-J, el comisario "insiste" en la necesidad de que se priorice "sin demora" la gestión del Poder Judicial.

El tiempo para sacar adelante la investidura apremia a Sánchez, que se encuentra ahora no sólo con el rechazo social, sino también con la suspicacia de las instituciones europeas, cuya relación con Moncloa se ha convertido en uno de sus mayores 'logros', que ha llegado a su máximo exponente con la presidencia española del Consejo de la UE.

La amnistía, bajo la lupa europea por su importancia en el debate público

Más allá del CGPJ, Reynders se ha referido en la carta a la "posible" adopción de la ley de amnistía. Si bien no hay aún una propuesta formal, el comisario resalta la "considerable importancia" que la norma se ha granjeado en el debate público español, hasta el punto de que la Comisión haya recibido peticiones "de un gran número de ciudadanos" al respecto.

Por todo ello, y en la línea de la petición recibida en Europa, el comisario demanda a Sánchez más información sobre la nueva norma. Información, especifica, sobre el "alcance personal, material, y temporal" de la ley de amnistía.

Bolaños responde a la demanda europea

Bolaños no ha tardado en remitir una carta en respuesta a la recibida de Reynders. El ministro ha remitido a que ambas cuestiones abordadas en el texto europeo no dependen del Gobierno de España, sino de las Cortes Generales en su conjunto.

Sobre lo que atañe a la ley de amnistía, Bolaños se reitera en desviar la responsabilidad de la medida a las Cortes. Citando al Artículo 101 de la Constitución, Bolaños apunta a que el Gobierno está en funciones y, por ello, "cualquier proposición de ley que pueda presentarse en el Congreso de los Diputados partirá de los grupos parlamentarios y no del Consejo de Ministros".

En caso de presentar la norma ante el Parlamento, eso sí, el ministro asegura que informarán de todos los detalles a las instituciones europeas.

Europa venía anunciando su preocupación por la amnistía en España

Como ya contó Vozpópuli en octubre, Reynders había advertido a Moncloa de que las peticiones de los independentistas no puede borrar la malversación cometida de cara al 1-O de 2017. Fuentes jurídicas a las que accedió este periódico señalaban la "gran preocupación" del liberal belga por que España fuera en sentido contrario a la política criminal de los Veintisiete.

La Unión tiene en su punto de mira al Gobierno no solo por el bloqueo del CGPJ, sino también por la rebaja de la malversación, la derogación del delito de sedición y, ahora, la amnistía. En su visita a España, Reynders evitó pronunciarse sobre la norma que permitiría renovar a Sánchez su estancia en la Moncloa, pero avanzó entonces que estaría atento a su impacto, especialmente en todo lo referente a la malversación que pueda afectar a los fondos europeos.

La petición de Díez y los movimientos cívicos

La que fuera fundadora de UPyD, Rosa Díez, en representación de una serie de asociaciones y movimientos cívicos, ha anunciado en la tarde de esta miércoles su petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud para que investigue los acuerdos del Gobierno con las formaciones independentistas y actúe contra ellos en "el marco de sus actividades legislativas".

Este grupo, integrado por Unión78, Foro Libertad y Alternativa, NEOS, Foro España Cívica, Libres e Iguales, Cataluña Suma por España, De español a español, S’ha Acabat!, y Citizens pro Europe y PieEnPared, ha denunciado a las instituciones europeas las concesiones a los líderes independentistas catalanes "para eximirles de responsabilidad a cambio de sus votos para mantenerse en el Gobierno", según versa el documento presentado.

Críticos con la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas del delito de malversación contra los políticos catalanes, estos movimientos cívicos encabezados con Díez denuncian ahora la amnistía política masiva para sacar adelante su investidura, que dejaría sin efecto las sentencias firmes existentes. "Algo incompatible con el Estado de Derecho", recogen.

"Esta amnistía pretende abarcar delitos cometidos hace 10 años que incluyen, entre otros, delitos de corrupción o incluso delitos de terrorismo como es el caso de los delitos que se imputan a los llamados CDR o a Tsunami Democratic", exponen ante la Comisión. Estas medidas ya han desatado en España una ola de protestas que llegaron a su punto álgido este martes en Ferraz, en una manifestación que reunió a más de 7.000 personas y que se vio empañada por los actos violentos de una serie de grupos de extrema derecha.

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