El Tribunal Constitucional alemán consideró este jueves que la ley que congeló los alquileres en la ciudad-estado de Berlín desde 2020, una iniciativa impulsada para detener el incremento de los precios del sector inmobiliario en la capital germana, es contrario a la Constitución.
El alto tribunal estima para rechazar la disposición de Berlín que las regulaciones sobre los alquileres son competencia federal y que los "Länder" sólo están autorizados a legislar "mientras y en la medida en que el Gobierno federal no haya hecho uso final de su competencia legislativa".
La ley para congelar los alquileres entró en vigor el 23 de febrero de 2020, fijó un máximo de 9,80 euros por metro cuadrado (muy por debajo de los precios de mercado en el centro) y afecta a los contratos de arriendo de 1,5 millones de viviendas en la capital alemana -donde el 85 % vive en régimen de alquiler- durante cinco años.
La iniciativa del tripartido de izquierdas que gobierna la ciudad-estado de Berlín para detener el incremento de los alquileres mediante la fijación desde 2020 de un límite máximo a los precios fue derribada este jueves por el Tribunal Constitucional alemán.
La alta corte estimó que como la autoridad federal ya legisló en 2015 sobre el freno a la subida de los alquileres un "Land" no tiene competencia para legislar en la materia y pone fin a un intento de parar la espiral de precios en Berlín que mereció la atención internacional.
Contra la iniciativa de Berlín se habían pronunciado 284 diputados del Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán) pertenecientes a los partidos conservadores CDU y CSU, además de los liberales del FDP y de dos instancias civiles berlinesas, que pidieron que el Constitucional aclarara la norma.
En la capital alemana gobiernan en coalición Los Verdes, los socialdemócratas del SPD y La Izquierda y su iniciativa para controlar la subida desorbitada de los precios del alquiler en Berlín era única en el país y su ámbito de aplicación temporal se limitó inicialmente a 2025.
Los partidos de la oposición en el "Land" de Berlín, conservadores y liberales, ya habían apuntado que la ley podía ser ilegal por considerarla una intromisión en la propiedad privada y, como ahora considera el Constitucional, por inmiscuirse en las competencias del Gobierno central sobre los alquileres.
El tripartito de izquierdas de Berlín se había mostrado, sin embargo, seguro de que la ley superaría cualquier cuestionamiento ante la Justicia.
