La Unión Europea (UE) ha llegado a un acuerdo este viernes sobre una nueva legislación relativa a la libertad de los medios de comunicación con la que se busca incrementar la transparencia sobre la propiedad de las empresas mediáticas y sobre la publicidad institucional, proteger mejor a los periodistas y sus fuentes y reforzar la independencia de los medios públicos.
Tras seis horas de negociación, la última ronda finalizó este viernes con un acuerdo entre los negociadores del Parlamento Europeo y la presidencia española del Consejo.
El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, ha remarcado que el acuerdo será una pieza clave para proteger, entre otros aspectos, el derecho de la ciudadanía a una prensa libre y plural.
"Si los medios fracasan como protectores de la democracia en uno, dos o tres Estados miembros, tendremos un problema horrible a nivel europeo. Hemos encontrado una base legal para abordar de manera muy definida los problemas que teníamos: presiones políticas, problemas económicos, financiación oculta a los medios de fondos públicos, falta de transparencia en la propiedad...", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Espiar a periodistas
El gran escollo que alargó las negociaciones hasta las semanas finales de la presidencia española del Consejo era la inclusión de una cláusula que hubiera abierto la veda a espiar a periodistas o sus fuentes si se alegaban motivos de "seguridad nacional", un articulado que rechazaba el Parlamento.
Tras un intenso "lobby" de las asociaciones de prensa y una batalla que amenazaba con hacer descarrilar las negociaciones, la ley no recoge esa excepción sino que lo reserva a un considerando y hace una mención general a "respetar las responsabilidades de los Estados miembros" que el Parlamento Europeo considera una victoria.
"No hay ningún tipo de mención a la seguridad nacional en ninguna parte de este texto legislativo. Hay una provisión general, que es de sentido común, sobre que debemos respetar las responsabilidades de los Estados miembros en lo que se refiere a los tratados", celebró una de las negociadoras de la Eurocámara, la liberal rumana Ramona Strugariu.
Independencia de los medios públicos
La ley de Libertad de los Medios de Comunicación, una apuesta de la Comisión Europea para la última etapa de esta legislatura, recoge algunas salvaguardas para proteger la independencia de los medios públicos, como que deban fijarse por ley y por adelantado los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, la duración de sus mandatos y una financiación suficiente para cumplir con su misión.
Pese a que Bruselas había propuesto inicialmente que los presupuestos de los medios públicos debían fijarse de manera plurianual para garantizar la estabilidad de sus proyectos y que no se usen como pieza de cambio, las negociaciones entre Parlamento y Consejo han desterrado este principio a un considerando -que define los marcos de interpretación jurídica- y en el texto lo han rebajado a que la asignación pública debe ser "previsible y sostenible".
El Parlamento, por su parte, puede anotarse como victoria que no haya excepciones a la nueva obligación para las administraciones públicas de dar a conocer el presupuesto que destinan a publicidad institucional, incluyendo nombre del medio, grupo al que pertenecen y cantidad de dinero que recibe; inicialmente se planteaban exenciones para territorios de menos de un millón de habitantes.
A nivel local, en España los únicos municipios de más de un millón de habitantes son Madrid y Barcelona. También hubieran quedado fuera del alcance de la ley países con menos de un millón de habitantes como Malta, Luxemburgo o Chipre.
En el capítulo de transparencia, cada país deberá crear una base de datos nacional que incluya información sobre quién es propietario de cada medio de comunicación, una información que también los medios tendrán que poner a disposición de sus usuarios; tendrá que figurar tanto la propiedad directa como la indirecta y en cualquier caso la de quien tenga un porcentaje de acciones como para llegar a influir en las decisiones editoriales.
Por otro lado, el contenido de medios de comunicación en gigantes de las redes sociales como X o Facebook no podrá ser eliminado inmediatamente sin previo aviso.
Estas plataformas tendrán que alertar con 24 horas de antelación sobre su intención de retirar un contenido que infrinja sus normas si este viene de un medio de comunicación que sea editorialmente independiente, no dependa de países terceros o partidos políticos y esté adscrito a una entidad regulatoria nacional.
