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La polémica liberalización de Adif abre un nuevo filón para los bufetes

Los despachos empiezan a prepararse para un incremento de la actividad en el sector de los transportes ante la Ley de Movilidad y la nueva liberalización

  • Óscar Puente, ministro de Transportes, y Jorge Rodrigo, consejero -

Nuevo filón a la vista en el mundo de la Abogacía de los negocios en España. No pocos despachos se están preparando para un importante incremento de la actividad en el ámbito de la industria del transporte al calor de la liberalización ferroviaria que ha iniciado la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

"El sector del transporte también ha mostrado signos significativos de desarrollo del mercado, incluyendo un enfoque en la ley de movilidad sostenible y en la liberalización del transporte español", anticipan desde Chambers & Partners, la compañía líder en el pulso de la industria legal que cada año clasifica la actividad por sectores y despachos.

La compañía que depende en última instancia del ministerio de Transportes de Óscar Puente inició el pasado verano la conocida como "segunda fase" de la liberalización del transporte ferroviario

Para 2026, la novedad será un nuevo ránking de despachos en función de sus servicios ofrecidos en materia de Transporte, una materia en la que mucho tendrán que ver las potenciales implicaciones del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que el Gobierno espera aprobar este primer semestre con vistas a recibir 10.000 millones de fondos europeos, así como las conversaciones que se entablen entre los operadores ferroviarios y Adif ante la nueva liberalización del sector.

La compañía que depende en última instancia del Ministerio de Transportes de Óscar Puente inició el pasado verano la conocida como "segunda fase" de la liberalización del transporte ferroviario con vistas a establecer acuerdos marcos con operadores para tres nuevos corredores, Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva, que sumarán un máximo de 72 nuevos servicios diarios.

Pulso de Puente con operadoras

Un proyecto que se ha visto rodeado de cruces de declaraciones entre el propio ministerio y una de las operadoras que entró en el mercado español gracias a la primera fase de la liberalización. Se trata de Ouigo, propiedad de la francesa Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, a la que Puente ha acusado de dumping de precios frente a Renfe y ha amenazado con denunciar ante la Comisión Europea.

Un fenómeno, el de los precios cada vez más bajos, que podría agravarse en el marco de la próxima liberalización en España, según han anticipado desde Bruselas. De hecho, en los últimos meses, otra compañía, la italiana Iryo, ha emergido como la operadora más económica en el mercado nacional.

El proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, concluirá previsiblemente a finales de 2026

Por lo pronto, Adif ha previsto trasladar este trimestre a los potenciales operadores el calendario del proceso para la nueva liberalización y las reglas para su desarrollo, "con arreglo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, que, además, maximicen el uso de la red ferroviaria", según han reivindicado desde la empresa pública. 

Lo anterior marcará las reglas de juego para la negociación de acuerdos marco plurianuales entre Adif y las empresas ferroviarias, "con el objetivo de proporcionar una mayor seguridad jurídica y facilitar una óptima planificación de horarios y operativas". El proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, concluirá previsiblemente a finales de 2026, con la firma de esos acuerdos marco que permitirían a las empresas iniciar sus operaciones.

Autobuses y otros frentes en la ley

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible también se ocupa de regular autobuses, ferrocarril, turismos, movilidad personal, movilidad urbana y vehículos compartidos.

Entre los frentes que se abren, destaca la creación del mapa de concesiones del transporte de pasajeros por carretera en un año desde la entrada en vigor de la norma, cuando hay concesiones estatales de autobús caducadas y sin licitar. A las empresas que prestan el servicio se les da la posibilidad de seguir explotándolo durante 18 meses a partir de la aprobación del mapa para garantizar la continuidad.

Asimismo, se reorganiza la financiación del transporte urbano, que podría afectar al interurbano.

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