El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que el Gobierno no tiene "ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación". "En absoluto", ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en un desayuno informativo.
Catalá ha asegurado que cuando este miércoles habló de la responsabilidad en torno a las filtraciones de sumarios judiciales declarados secreto, estaba hablando de un debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo, donde se está debatiendo una directiva "sobre presunción de inocencia". "Ese es el debate el que yo me refería, a la necesidad de garantizar la presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo como hacen otros países y esa es la reflexión. No hice ninguna propuesta de sanción ni nada que se le parezca", ha dicho.
"El ciudadano tiene derecho a recibir informaciones veraces y de calidad", ha manifestado Consuelo Madrigal
Catalá ha insistido en que los proyectos que tiene el Gobierno sobre la mesa son la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proyectos que van "encaminados a reforzar las garantías de los derechos" y el sistema de libertades.
El titular de Justicia ya aclaró el miércoles por la noche que no defiende la idea de penalizar a los medios de comunicación por publicar el contenido de sumarios secretos, aunque considera que es necesaria una reflexión para encontrar un equilibrio razonable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas en causas penales. "He puesto encima de la mesa esta reflexión, que ha generado no sé si debate o ruido. Mi planteamiento no tiene nada que ver con penalizar a los medios, se trata de una consideración mucho más amplia", precisó en declaraciones efectuados a su salida de un acto celebrado en Madrid, recogidas por Europa Press.
Madrigal critica la propuesta
Por su parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha defendido la publicación de informaciones procedentes de secretos de sumario pero "siempre y cuando no perjudiquen a la investigación" en curso.
"Es posible dar información sobre procesos en curso declarados secretos siempre y cuando esa información no perjudique la investigación, esa es la línea en la que nos movemos (la Fiscalía)" ha señalado.
Asimismo, ha explicado que la revelación de secretos ya esta regulada en el Código Penal, "pero también existe una instrucción de la Fiscalía sobre los medios establecida al hilo de la interpretación del Tribunal Constitucional en este sentido". En su opinión, la libertad de expresión y sus límites están claros en la Constitución e interpretados por el TC. "A esa interpretación debemos atenernos", ha agregado.
Con todo, ha apelado a los códigos éticos y deontológicos de los medios de comunicación para "respetar la presunción de inocencia de los detenidos y salvarles de exposiciones innecesarias". Y ha dicho que cualquier contacto y avance entre medios, jueces y fiscales "sería bueno" reconociendo también que "las relaciones del Ministerio Público deben mejorarse con los medios para que las informaciones sean del máximo interés posible". Por ello, ha abogado por potenciar el protagonismo del fiscal en el traslado a los medios sobre asuntos de interés público, pero con "cautela suficiente para que nunca se entorpezcan investigaciones". "El ciudadano tiene derecho a recibir informaciones veraces y de calidad", ha añadido.
Lesmes también desautoriza a Catalá
El ministro de Justicia se ha topado con una desautorización más a su propuesta después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, haya abogado, en el mismo acto, por la autorregulación de los periodistas y por un "ejercicio responsable" de la profesión "más que por la vía de la represión".
El presidente del CGPJ se ha mostrado contrario a usar la vía de la represión contra los medios de comunicación
El presidente del CGPJ ha dejado claro que en materia de filtraciones, "es reprobable el servidor público, funcionario, fiscal o juez que filtra", porque además constituye una "infracción disciplinaria y, en algún caso, un delito de revelación de secretos". Lesmes ha añadido que desde el punto vista de los medios de comunicación, estos cumplen con su deber informando. "Y cuando se cumple con el deber informando, no se puede cometer infracción", ha apostillado.
No obstante, ha subrayado que determinadas informaciones que proceden de investigaciones secretas pueden lesionar derechos fundamentales como la dignidad, el honor, la intimidad o la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos y que no dejan de tenerlos por el hecho de ser investigados. Pero los excesos -ha recalcado- "deben corregirse más por la vía de la autorregulación, por un ejercicio responsable de los periodistas, que por la vía de la represión". Ha afirmado que el criterio del CGPJ y el suyo es que hay que comunicar a los ciudadanos "de la forma más transparente posible todo lo que hacemos", por son un poder público y su deber es "responder a la ciudadanía a través de una política de comunicación transparente".
