La solución está cerca, pero hay flecos por cerrar. El futuro de Radiotelevisión Española (RTVE) se decide estos días en las conversaciones entre la Corporación pública y el Ministerio de Hacienda. Los representantes de ambas instituciones buscan cerrar un plan de actuación. El presidente del ente, Leopoldo González-Echenique, pretende que el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro inyecte una cantidad que ronda los 200 millones de euros. Además, RTVE necesita para sobrevivir un cambio en la ley de financiación que afectaría a la forma de recaudar las tasas a las empresas de telecomunicaciones. En concreto, el Ejecutivo pasaría a pagar las tasas al ente antes de cobrárselas a las compañías afectadas.
Fuentes de la Corporación explican a Vozpópuli que el plan gubernamental para salvar RTVE debe inclur, por fuerza, una inyección de dinero público que llegaría a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Diversos medios han dado ya por hecho que el Ejecutivo utilizará esta vía para aumentar en unos 100 millones de euros el presupuesto del ente público de este año. Sin embargo, las fuentes indicadas insisten en que la cantidad "está mucho más cerca de los 200 millones que de los 100". No puede olvidarse que en 2013 el ente público cosechó unas pérdidas de 113 millones de euros que, sumadas a las pérdidas de ejercicios anteriores, suman un acumulado que supera los 700 millones.
Echenique reconoce que se negocia sobre "las aportaciones que hay que hacer para equilibrar el patrimonio y reducir el capital social para ajustarlo al patrimonio real con el que cuenta ahora mismo la corporación"
Ahora mismo, las cuentas de RTVE rozan la causa de disolución. Y hay que llegar a acuerdos con Montoro para superar esta situación harto complicada. El pasado 27 de mayo, en su última comparecencia en sede parlamentaria, el propio Echenique reconoció que las negociaciones existen. "Entre la corporación, sus responsables y su accionista hemos entablado conversaciones largas y duraderas acerca del ajuste del modelo de financiación y las aportaciones que hay que hacer para equilibrar el patrimonio y reducir el capital social para ajustarlo al patrimonio real con el que cuenta ahora mismo la corporación". Palabras clarificadoras sobre lo que se avecina.
La otra clave
Además de esta inyección de dinero público a través de la Sepi, RTVE necesita un cambio en la ley de financiación para solventar sus problemas a largo plazo. De hecho, este diario ya adelantó que habrá cambios en dicha normativa. "Con la inyección de dinero de Hacienda se tapa el agujero que hay este año, pero no las vías de escape que van a seguir provocando un hundimiento", apuntan desde RTVE. La clave está en la tasa a las empresas de telecomunicaciones. La modificación en marcha afectaría a la forma de recaudar dichas tasas. En concreto, según las fuentes consultadas, el Gobierno pasaría a hacer de cobrador y pagador para la corporación.
Con la modificación que ahora mismo se negocia, el Ejecutivo pagaría a RTVE las cantidades estimadas por las tasas y luego se las cobraría a las telecos
Ahora mismo, la propia radiotelevisión pública se ocupa de recaudar directamente las famosas tasas a Telefónica, Vodafone y otras empresas afectadas. Con el cambio que negocian Echenique y Montoro, habría una modificación sustancial que consistiría en que el Ejecutivo pagaría a RTVE las cantidades estimadas por las tasas y luego se las cobraría a las telecos. Es decir, el Gobierno adelantaría el dinero para facilitar la financiación del ente. Con el actual sistema de cobro de tasas, explican las citadas fuentes, se producen grandes retrasos en los cobros que perjudican a las arcas de RTVE.
La ley obliga a las operadoras a pagar el 0,9% de sus ingresos brutos a la RTVE. De hecho, en 2012 entre las empresas de telecomunicaciones y las cadenas de televisión privadas aportaron 217,35 millones para financiar RTVE. De esa cantidad, 155 millones provenían de las telecos. No obstante, esta manera de financiar al ente público está en entredicho, porque las autoridades europeas dudan de la legalidad del método. Además de las dudas legales, el pasado abril que una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha supuesto que el ente pierda decenas de millones. El tribunal estima que ese 0,9% debe calcularse no sobre los ingresos brutos, sino sobre los ingresos por servicios de televisión.
