Después de que la Generalidad haya gastado cientos de millones de euros en el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), cualquier proyecto que contemple la creación de un nuevo medio de comunicación público en esta comunidad autónoma suena poco menos que como una broma pesada. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar una ley que establece los principios básicos de un futuro Canal 9 que sirva para potenciar el idioma y la cultura de los ciudadanos de esta región de España.
El texto de esta norma resulta inaplicable en este momento. Supone “un movimiento de cara a la galería”. “Legislar por legislar”, pues establece una serie de requisitos para crear este medio público que convierten en imposible su fundación en muchos años “e incluso décadas”, destacan los mismos informantes.
Por tanto, la promulgación de esta ley sólo puede interpretarse como una maniobra electoral del presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, para ganarse el favor de los votantes favorables a la reapertura de este medio de comunicación público, así como para “dar una bofetada” a sus enemigos dentro del Partido Popular, que utilizaron el cierre de la RTVV como una excusa para arremeter contra su gestión, han explcado a Vozpópuli fuentes del antiguo medio público.
Una ley que permite y, a la vez, prohíbe una nueva RTVV
En teoría, el objetivo de esta norma es “sentar los principios generales para la puesta en funcionamiento de medios de comunicación audiovisual públicos y en valenciano”, cuya promoción considera necesaria para la sociedad de esta comunidad autonomía. Ahora bien, establece una serie de exigencias para su puesta en marcha que hacen literalmente imposible su institución, lo que convierte a este texto en papel mojado. En una especie de “manifiesto” con el que Fabra pretende “lavar su imagen”, aseveran fuentes de la oposición parlamentaria.
Entre los requisitos que fija para la refundación de la RTVV se encuentra el de disolver y liquidar la anterior radio y televisión, algo que convierte este proyecto en “prácticamente una utopía”, puesto que este proceso está encallado y se estima que podría extenderse “durante años”, a tenor de la larga lista de contratos y asuntos pendientes de resolución a la que tienen que hacer frente sus liquidadores, detallan fuentes conocedoras del proceso.
Varios de los liquidadores de la RTVV han dimitido por su incapacidad para resolver este proceso
De hecho, varios de los encargados de desmantelar esta televisión han dimitido en los últimos meses como consecuencia de su incapacidad para llevar a buen término este proceso, que requiere romper contratos como el que regula el alquiler de la antigua sede de Canal 9 en Alicante, sujeta a una mensualidad de 23.000 euros hasta 2035.
Otra de las exigencias que establece esta nueva norma para crear medios de comunicación públicos es que estos no alteren la estabilidad presupuestaria, ni ocasionen un incremento de la deuda pública. “Este punto también convierte en imposible el proyectar un nuevo Canal 9, puesto que para crear una televisión pública sin recurrir al endeudamiento, Valencia (la Comunidad Valenciana) debería presentar unos presupuestos que están muy, muy lejos de sus posibilidades actuales”, aseveran desde la oposición.
Un mensaje a sus enemigos en el PP
La mayoría de los análisis que se pueden efectuar sobre esta ley –enraizada en una iniciativa legislativa popular- llevan a concluir que su promulgación se debe únicamente al interés de Alberto Fabra y de sus hombres más cercanos por devolver a sus rivales políticos el "golpe" que les propinaron cuando, al cerrar la RTVV en 2013, declararon en público que eran partidarios de que Valencia dispusiera de una televisión pública.
El presidente de la Diputación de Valencia y rival de Fabra, Alfonso Rus, ha proyectado su propia televisión pública
Entre ellos, se encuentra Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, que no sólo hizo frente a Fabra en este asunto, sino que proyectó una televisión autonómica que está previsto que inicie sus emisiones en las próximas semanas, y que será recibida por los ciudadanos de todas las provincias de la Comunidad.
Ahora bien, el presidente de la Generalidad no da puntada sin hilo, pues en el texto de la ley establece que este medio de comunicación sólo podrá salir adelante si no afecta a partidas presupuestarias destinadas a servicios públicos, como la sanidad, la educación y el bienestar social. “Hay que recordar que Fabra dijo que el cierre de Canal 9 se debió a que, con este canal en marcha, no hubiera sido posible mantener otros servicios públicos. De ahí que haya incluido esta frase en la ley”, concluyen las mismas fuentes de la oposición.
