El próspero negocio de las televisiones privadas volverá a verse comprometido a medio plazo por un nuevo dividendo digital. O, lo que es lo mismo, por el obligado cambio de lugar de sus canales para dejar más frecuencias libres a las compañías de telecomunicaciones, que necesitan ampliar sus dominios para implantar servicios de internet de alta velocidad. Después de una década en la que empresas como Atresmedia y Mediaset han afrontado el apagón analógico, además de un caótico proceso de resintonización de sus cadenas, el cierre de nueve de ellas por orden del Tribunal Supremo y una pérdida de espacio en el espectro radioeléctrico, estos operadores consideran que el Gobierno debe brindarles una protección jurídica que hasta ahora -consideran- les ha negado y realizar el desembolso que sea necesario para sufragar la nueva migración de canales.
Esta reclamación se produce en un momento de aparente paz entre el Ejecutivo y las televisiones privadas, después de varios meses de enfrentamiento entre ambas partes. Desde estas compañías audiovisuales se acusaba al Gobierno de torpedear sus negocios a través de sus decisiones, con las que pretendía beneficiar a las plataformas de pago, con la de Telefónica. Desde Moncloa, se atribuía a estas empresas una buena parte de la culpa de la eclosión de la izquierda radical en la política española, dado el amplio espacio que habían concedido a sus líderes dentro de sus cadenas.
Las televisiones privadas y el Gobierno libraron una cruenta guerra durante una buena parte de la anterior legislatura
Los ánimos se calmaron a finales del año pasado, cuando Mariano Rajoy realizó un reparto equitativo de licencias de TDT, en el que volvió a premiar a los principales grupos; y desde el Partido Popular decidieron dar un giro de 180 grados a su política de comunicación y permitir el regreso de sus portavoces a los platós de Atresmedia y Mediaset.
Pero ahora ha surgido un nuevo motivo de confrontación entre ambas partes. Antes de finales de año, la Comisión Europea publicará el calendario del segundo dividendo digital, que casi con total seguridad tendrá lugar entre 2020 y 2022 y que obligará a mover diversos canales de posición, por debajo de la banda de 700 MHz. Pese a que todavía no se ha fijado la fecha de esta nueva migración, en el ámbito internacional ya se habla de una tercera para finales de la siguiente década. Ambos movimientos, fundamentados en las necesidades de las 'telecos' (que alquilan el espectro por decenas de millones de euros) de ofrecer a los consumidores internet a una velocidad cada vez mayor.
Un frente común
Dentro del sector de la televisión en abierto, en el que cada operador hace la guerra por su cuenta dada la debilidad de su patronal, UTECA -que no ha respondido a este medio de comunicación sobre este tema de interés estratégico-, existe el convencimiento entre sus principales empresas de que es necesario hacer fuerza para evitar la pérdida de peso de la TDT en el panorama audiovisual español, consentida, a su juicio, por ministros de Industria como lo fue José Manuel Soria.
Entre las exigencias que trasladarán al Gobierno, una vez la UE tome la decisión definitiva sobre el segundo dividendo, se encuentra la de aplazar lo máximo posible su aplicación para dar margen a las empresas y a los ciudadanos para realizar la migración de forma adecuada. Al menos, hasta 2022 o 2023. “Hay que tener en cuenta que fuimos el último país en efectuar el primer dividendo digital y que todavía está muy cercano. No se puede obligar a la gente a resintonizar dos veces los canales y adaptar dos veces las antenas en tan poco margen de tiempo”, argumenta un directivo de las televisiones privadas.
Las 'telecos' necesitan más espacio para implantar un mejor servicio de internet y las televisiones privadas pugnarán por no perder el suyo
Estas compañías también pedirán al próximo Ejecutivo que no aproveche este nuevo movimiento de canales para recortar a los operadores más espectro “de tapadillo”. “Antes del primer dividendo digital teníamos asignado un múltiplex por empresa. Éramos 6 y emitíamos en 6 múltipex. Ahora somos 9 y tenemos 5. No queremos que nos sigan arrinconando”, detallan estos informantes, que lamentan que, al contrario que ha ocurrido en el caso de las 'telecos', a las televisiones privadas no se les haya dado la oportunidad de comprar más espacio para expandir sus negocios.
Para garantizar que este segundo dividendo digital discurra sin problemas, trasladarán al Gobierno la necesidad de que “arbitre entre todas las partes” para que los costes que implique la resintonización de la TDT -como la adaptación de las antenas en los hogares- no sólo sean sufragados por los ciudadanos. “Las 'teles' no hemos pedido este cambio. Lo ha decidido la Comisión Europea a instancias de las 'telecos'. Por tanto, nosotras no debemos ser las que asumamos todo el peso de la decisión. No tiene sentido”, concluyen.
