A partir del año 2014, año del procés de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya, muchas empresas, organismos y consultoras han gastado grandes cantidades de dinero en analizar las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña. El 1 de octubre de 2017 se celebró, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, un referéndum ilegal de autodeterminación que llevó a numerosas empresas, algunas muy emblemáticas, a tomar la decisión de trasladar su domicilio social fuera de Cataluña.
Las ideas siempre tienen mejor pinta en la cabeza de su inventor que en la realidad. Y es que, a pesar de que en aquellos días se hablaba de que existía un minucioso plan de desconexión (yo nunca lo he visto), lo cierto es que es un proceso que se antoja tremendamente complicado cuando pretendes pasarlo del papel a la realidad.
Para comenzar a poner números, Cataluña alberga una población de algo más de ocho millones de habitantes, el 16,5% de la población total española. En términos de actividad, genera un PIB (2022) de 255.000 millones de euros, el 19% del total España. Es evidente que estas cifras ya apuntan a fuertes consumos de energía, pero ¿Cómo es Cataluña energéticamente? (entre paréntesis se cita comparativamente la cifra a nivel nacional).
Electricidad
Cataluña ha tenido una demanda eléctrica en 2023 de 44.108 gigavatios-hora (GWh) (18%) y una generación de 38.279 GWh (14%), lo que arroja un déficit de casi 6.000 GWh. Esta dependencia es estructural y más o menos acusada en función del menor o mayor uso del ciclo combinado de gas. Esto quiere decir que una supuesta independencia le plantearía tres escenarios: i) reducir significativamente su consumo, escenario inviable a corto plazo; ii) necesidad de importar electricidad de España o Francia; iii) asumir cortes de demanda, con todo el impacto que ello tendría sobre consumidores e industria.
La capacidad de generación alcanza los 12.000 megavatios (MW) de potencia instalada (9,5%), siendo la nuclear la principal tecnología de producción eléctrica (Endesa e Iberdrola), seguida del gas (Naturgy, Endesa y Alpiq) y la hidroeléctrica (Endesa). Es la comunidad autónoma más atómica, con tres reactores ubicados en la provincia de Tarragona, dos en la central de Ascó y otro más en la de Vandellós. La generación nuclear cubre de media un 52% de la demanda catalana, por lo que el cierre de esas centrales, previsto para el periodo 2030-2035, va a suponer un verdadero reto eléctrico y, probablemente, político.
Por el contrario, es muy llamativo el bajo nivel de potencia renovable instalada en el territorio, solo el 31%, frente al 61% nacional. En consecuencia, la producción renovable apenas alcanza un 15% (50%) del total generado en el territorio. No obstante, gracias a la nuclear, la ratio de emisiones se sitúa en el mismo rango que la media nacional.
Las redes merecen también una mención especial. Las de transporte pertenecen a REDEIA y las de distribución, principalmente a Endesa. En ambos casos existe un déficit de infraestructuras como consecuencia de la tradicional oposición popular, pero cuyo riesgo se mitiga por estar perfectamente integradas en el sistema.
Asimismo, es destacable que la principal interconexión eléctrica con Francia, de 2 GW de capacidad, que une ambos sistemas transfronterizos y que es propiedad de REDEIA, se ubica en la provincia de Gerona. Esta infraestructura pertenece al sistema nacional y se construyó al amparo de un acuerdo tripartito entre Francia, España y la UE. Las rentas de congestión que genera corresponden, en la alícuota española, al sistema eléctrico, es decir, a todos los consumidores nacionales.
Finalmente, no quiero dejar de hacer mención al suceso acecido el pasado 22 de mayo, cuando entre las 21:00 y las 23:45 el operador del sistema (REDEIA) aplicó el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) a determinados consumidores ubicados en Cataluña. Este mecanismo, voluntariamente pactado y remunerado, implica la posibilidad de que el operador del sistema reduzca, por una serie de motivos tasados, la potencia a esos consumidores.
Vaya por delante que no considero adecuado, aunque sea legal, el uso de este mecanismo por cuestión de precio. En esta ocasión fue la única razón y en ningún caso hubo riesgo para la seguridad de suministro o la estabilidad del sistema, como así se ha dicho desde diferentes instancias, como fue el caso de la senadora del Partido Popular, Paloma Martín. La batalla, en Cataluña y en el resto de España, está en evitar el cierre nuclear.
Gas
En cuanto al gas, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor consumo; en 2023, 57.610 GWh, un 18% de la demanda nacional. En usos convencionales (doméstico e industria) es el territorio más demandante y en uso eléctrico es el segundo, por detrás de Andalucía. El peso que tiene en su industria es innegable, a lo que se añade la mencionada dependencia de los ciclos combinados en la producción eléctrica local.
En ese contexto, las únicas vías de entrada de gas que tiene Cataluña son la regasificadora de Barcelona y la integración de su red de gasoductos en la red nacional, ambas, propiedad de Enagás. Es cierto que la capacidad de regasificación ubicada en el territorio excede notablemente sus necesidades, sin embargo, se trata de gas natural licuado (GNL), sujeto a mayor volatilidad en precio y disponibilidad que el gas natural (GN) que entra por tubo desde Argelia.
Hidrógeno
Esta innovadora tecnología se está posicionando como uno de los vectores energéticos del futuro. Es cierto que su modelo está aun sin definir, que no sabemos si lo queremos quemar o solo como vector, no sabemos si los vamos a producir centralizadamente y canalizarlo por tubos o transportar la electricidad y producirlo de forma descentralizada.
Sea como fuere, y tras el funeral del MidCat, oficiado por los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, la principal infraestructura para conectar la Península Ibérica con la UE en términos de hidrógeno va a unir Barcelona con Marsella. Así las cosas, y visto que el conflicto catalán va a perdurar en el tiempo, sería un buen momento para replantearse si esta novedosa interconexión debería partir de Cataluña. Considerando el mastodóntico coste de esta infraestructura submarina y el más que probable retraso en su construcción, merecería la pena por coste, por tiempo y por política, estudiar una alternativa por Aragón. Comunidad autónoma, por cierto, que está llevando a cabo una fuerte apuesta por el hidrógeno.
El reto energético catalán
Lo primero que habría que tener claro es que ninguna de las empresas citadas en este artículo tiene su domicilio social en Cataluña. Algunas nunca lo han tenido y otras se fueron presas del temor a la incertidumbre. Y es que la energía es una cosa muy seria.
Las cesiones que el Gobierno español pueda hacer a Cataluña no conseguirán dotarles de soberanía energética, sin pasar por unas expropiaciones masivas de infraestructuras a empresas privadas, solo vistas en países como Bolivia, Venezuela o la Argentina kirchnerista.
Con el cierre de las nucleares, Cataluña perderá más de la mitad de su generación eléctrica y se enfrenta al reto de sustituir esta tecnología firme sin emisiones. Disponen de los ciclos combinados, pero se trata de una tecnología contaminante y su producción no alcanza toda la nuclear a reponer. Las renovables podrán equilibrar el efecto contaminante de los ciclos, sin embargo, el parque catalán es insuficiente y existe una gran oposición popular. Además, estas tecnologías intermitentes, en ausencia de nuclear, elevarían los riesgos de gestión.
Me encantaría ver el capítulo energético de aquel hipotético plan de desconexión. Pero más allá de mi curiosidad, lo prioritario sería explicar a todos los catalanes las consecuencias energéticas de los planes del independentismo y el impacto en su nivel económico y en su bienestar.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
