Nos hemos desayunado estos días con las noticias publicadas en varios medios, entre ellos Vozpópuli, que apuntan directamente al Gobierno de España por intentar una operación de acoso y derribo del diario El País.
El propio presidente de El País recientemente nombrado, el franco-armenio, Joseph Oughourlian, en un artículo publicado el lunes 17 de marzo afirmaba, entre otras suculentas cosas: “Los grupos de comunicación libres y que cumplen escrupulosamente con su función de vigilancia social acaban por convertirse en molestos para los centros de poder, sean del cariz que sean.” Y añadía: “Una sociedad sana, democrática, necesita unos medios de comunicación fuertes e independientes que defiendan los derechos y las libertades de los ciudadanos, más allá de intereses políticos o económicos. Una necesidad que ahora se ha puesto más de manifiesto que nunca para tratar de contrarrestar el aluvión de las fake news, de los excesos que se producen en una sociedad que vive enajenada por la crispación que nace de la polarización política y cultural. Pero, sobre todo, para responder a las injerencias gubernamentales que cada día se hacen más evidentes en todo el mundo y que van en contra de la buena praxis democrática”.
Y he aquí el quid de la cuestión que hoy quiero tratar. El periodismo, ya lo he escrito en otras ocasiones, nació entre otras cosas para poder controlar al poder político. Un medio de defender a las sociedades libres del abuso del poder.
Las diferencias entre un país con un gobierno autócrata y otro democrático pasan por la separación de poderes, ámbito donde se preserva la independencia judicial, un sistema de partidos donde la diversidad ideológica está representada en el Congreso y éste es la representación de la sociedad y un sistema libre de medios de comunicación.
En un país sin libertades, los medios de comunicación están en poder del Estado y en los países democráticos hay una convivencia entre medios privados y públicos
En un país como España donde se han “intervenido ideológicamente”, entre otras instituciones, la Fiscalía General del Estado, TVE, el Banco de España, el CIS o el Tribunal Constitucional, y en el que, en palabras del propio presidente del Gobierno, “legislará con o sin el Parlamento”, el periodismo es una de las pocas garantías de la democracia que nos va quedando.
Bien es sabido que los sistemas políticos y los medios de comunicación están íntimamente relacionados. En un país sin libertades, los medios de comunicación están en poder del Estado y en los países democráticos hay una convivencia entre medios privados y públicos.
Los medios de comunicación tienen la obligación de hacerse grandes en esta situación. Porque siempre está la tentación de utilizar ideológicamente los medios de comunicación. Cuando los execrables atentados del 11-M de 2004 ya se utilizaron los medios de comunicación del entonces presidente de Prisa, Jesús de Polanco, para movilizar a la opinión pública contra el PP como así recogía, entre otros un editorial del diario El Mundo, titulado “Así actúa la radio de ZP”, en el que incluso se preguntaba por “la política estúpida y suicida que ha permitido el flagrante desequilibrio actual en el mapa de las ondas, siendo la radio un medio sometido, por desgracia, a concesión administrativa”. El editorial añadía que “habría bastado con que el Gobierno hubiera ejecutado la sentencia de la Sala Tercera del Supremo sobra la ilegal absorción de Antena 3 para que la Ser hubiera perdido una parte significativa de su apabullante fuerza de choque.”
O lo que es lo mismo, casi se recriminaba que el presidente del Gobierno, por entonces José María Aznar, no hubiera logrado un sistema de medios que le protegiera. Una vez más, un intento de hacerse con el llamado cuarto poder.
Reunión en París
Ahora nos encontramos con que un ministro de España viaja a París a reunirse con un grupo de comunicación, Vivendi, para “presionarle y que salga del accionariado del grupo Prisa y poder tomar el control”, según apunta el semanario francés Le Point, que ha desvelado que el pasado 12 de febrero el ministro Óscar López, acompañado de Marc Mutra, presidente de Telefónica, se reunió con Arnaud de Puyfontaine, consejero delegado de Vivendi para animarle a vender su participación en el grupo Prisa (un 12%) y así disponer de un margen para un accionariado más afín. Y parece también que hay contactos con otro de los accionistas, el mexicano Carlos Slim.
Es inadmisible y muy grave, y hay que denunciarlo porque tenemos que intentar salvaguardar lo poco que queda para dejar de ser una democracia.
Por muy manido que sea, volvamos a gritar que sin periodismo no hay democracia. Y, como escuché recientemente a Julián Quirós, director del diario ABC, en el Congreso de Periodismo de Huesca, celebrado los pasados 13 y 14 de marzo, “contra el ruido, periodismo”.
A este paso, hasta el diario El País va a criticar a Sánchez. ¡Ver para creer!
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